El excanciller Álvaro Leyva Durán lanzó una dura crítica contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al acusarla de haberse apartado de lo estrictamente pactado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un momento de máxima tensión para la entidad que enfrenta un recorte presupuestario de 170.000 millones de pesos en el Congreso de la República. Las declaraciones, realizadas a través de su cuenta en la red social X el martes 6 de octubre, cuestionan la esencia misma del tribunal de paz, en medio de un debate legislativo que ya aprobó en primer debate una reducción de su asignación para 2027, pasando de los 821.803 millones de pesos solicitados por el gobierno de Gustavo Petro a 651.803 millones.
Leyva, quien fungió como canciller durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fue clave en la negociación del Acuerdo de Paz, señaló directamente que la JEP actual no corresponde a lo consagrado en el documento S/2017/272 del Consejo de Seguridad de la ONU. El cuestionamiento, que calificó a los magistrados de «kafkas», abre un frente de debate sobre la metamorfosis de la institución, justo cuando la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, ya había cuestionado el martes 29 de septiembre de 2026 los gastos de arrendamiento de la JEP, señalando contradicciones en la gestión de sus sedes.
Recorte transversal y críticas a la gestión administrativa
El recorte presupuestario aprobado en primer debate representa una caída del 16,6% frente a los recursos asignados para 2026. De los 170.000 millones de pesos eliminados, 140.000 millones corresponden a inversión y 30.000 millones a funcionamiento, lo que pone en jaque la operatividad de la JEP en un año clave para la ejecución de las sanciones propias y el cierre de macrocasos. La Unidad de Investigación y Acusación vería severamente limitadas sus investigaciones en territorio, actividades técnico-forenses y el seguimiento a las sanciones impuestas, mientras que la cobertura de seguridad para víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales se reduciría a un promedio de solo cuatro meses de medidas de protección.
En paralelo al debate presupuestal, la senadora Posada puso el foco en la gestión administrativa de la JEP, cuestionando que la entidad haya arrendado un segundo inmueble cuando la sede principal en la Torre Squadra se justificó bajo el argumento de concentrar toda la operación en un solo lugar. Según los datos revelados, los contratos de arrendamiento de la JEP entre 2017 y 2026 suman 170.735 millones de pesos, de los cuales 160.005 millones corresponden a la Torre Squadra y 10.730 millones al segundo inmueble, suscrito entre 2024 y 2026. Para la congresista, este gasto contradice el criterio inicial de concentración, y atribuyó el exceso a la creación de 398 cargos adicionales sobre la planta proyectada inicialmente de 1.057 cargos, pues para 2024 la JEP ya contaba con 1.455 puestos de trabajo.
«Mamola» a la metamorfosis de la JEP
«La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!»
Álvaro Leyva Durán, excanciller
Mientras la JEP busca que el Congreso mantenga los 821.803 millones de pesos incluidos por el gobierno de Gustavo Petro para 2027, las cifras de gestión revelan la magnitud de la entidad: 16.097 víctimas individuales acreditadas, 444 sujetos colectivos que representan a cerca de 634.804 personas, 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a su jurisdicción. El recorte de 170.000 millones de pesos compromete no solo audiencias y diligencias judiciales en territorios, sino también la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial a las víctimas, en un momento en que el excanciller Leyva pone en duda la esencia misma de la institución que debe garantizarles verdad, justicia y reparación.
