El Gobierno nacional activó un plan de choque en el sistema de salud para desbloquear medicamentos y procedimientos que están pendientes para 1.069.196 colombianos, priorizando los casos de mayor riesgo vital. La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció la medida, que incluye la canalización directa de 500.000 millones de pesos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), mediante préstamos extraordinarios a las EPS intervenidas, sustentados en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 780 de 2016. La estrategia busca atender a más de un millón de personas identificadas con requerimientos médicos represados, entre ellos más de 700.000 medicamentos no entregados y cerca de 300.000 procedimientos clínicos que estaban detenidos.
Vesga explicó que el plan prioriza a pacientes en riesgo vital y que todas las EPS reportaron sus pendientes bajo criterios definidos con sociedades científicas. “La primera tarea fue identificar la población más crítica con atenciones pendientes, medicamentos y procedimientos, y asegurar que se atiendan con prontitud. Allí encontramos más de un millón de colombianos, muchos de ellos en riesgo vital”, señaló la ministra en entrevista con El Tiempo. Agregó que las EPS tienen el compromiso de cubrir esas atenciones en los próximos tres meses.
Préstamos atados a resultados y amenaza de liquidación
El mecanismo financiero implica que la Adres girará el pago directo a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores por servicios facturados hasta el 20 de septiembre, mientras que las EPS tendrán hasta un año para reembolsar el dinero con una tasa equivalente al IPC más cero. En caso de impago, el Ministerio advirtió que se descontará del giro futuro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o de sus ajustes. “Este crédito no paga prestaciones viejas ni anticipa futuras. Es una garantía para todos los prestadores de pago expedito y directo, y es la mejor manera como aseguramos que se atiende a la población. Repito: no son cheques en blanco, son recursos para oxigenar y dar liquidez, pero atados a resultados”, enfatizó Vesga.
“El plan de choque en salud es: cumplir la promesa de atender a quienes con más urgencia lo necesitan y asegurar que los recursos lleguen a quienes los atiendan. El plan de choque no es la única solución, es una de varias medidas de estabilización para recuperar el cuidado de toda la población que es la razón de ser de nuestro sistema de salud”.
Ana María Vesga, ministra de Salud
Las siete EPS que están bajo intervención por parte del Estado concentran la mayoría de los pendientes –más del 85% de los medicamentos no entregados– y agrupan a 21,4 millones de usuarios. La ministra no descartó la posibilidad de liquidar aquellas entidades que no logren ser viables. “No podemos perpetuar la mala atención a la población. No descartamos la liquidación de aquellas EPS que no sean viables”, advirtió, en un mensaje directo a las aseguradoras que no cumplan con los compromisos.
Contexto de crisis y medidas estructurales
El plan de choque se enmarca en una crisis financiera e institucional del sistema de salud colombiano, agravada por la situación de las EPS intervenidas. El Ministerio de Salud también cuestionó la costo-efectividad de la estrategia de atención primaria implementada por la administración anterior, que destinó siete billones de pesos a 10.983 Equipos Básicos de Salud, pero que, según la cartera, presentó problemas de articulación y falta de reporte de información por más de dos años. De manera paralela, la Corte Constitucional exige un estudio para determinar el pasivo estructural de la UPC, cuyo resultado se proyecta para el primer trimestre de 2027.
Vesga insistió en que esta intervención no es la solución definitiva, sino una de varias medidas de estabilización para oxigenar el sistema y recuperar la atención oportuna de la población. Con los 500.000 millones de pesos garantizados y el compromiso de las EPS de cubrir las atenciones pendientes en tres meses, el Gobierno espera aliviar la presión sobre más de un millón de colombianos que hoy tienen medicamentos y procedimientos represados, mientras se avanza en las reformas estructurales que exige el sistema.
