La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó al Consejo de Estado su reconocimiento como coadyuvante dentro del proceso que estudia la legalidad del Decreto 234 de 2026, y simultáneamente presentó un recurso de súplica contra el auto del 1 de octubre de 2025 que suspendió provisionalmente dicha norma. El recurso fue interpuesto ante la Sección Segunda, Subsección A, bajo la ponencia del consejero Juan Camilo Morales Trujillo, y busca revocar la suspensión argumentando que el decreto garantiza derechos laborales fundamentales y se ajusta a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una norma suspendida, múltiples demandantes
El Decreto 234 de 2026, expedido el 6 de marzo de ese año, regula la negociación colectiva por rama de actividad económica, sectorial y por industria. La medida fue demandada por la senadora Paloma Valencia, la ANDI, el SAC, Acopi y Asobancaria, quienes lograron que el tribunal suspendiera su aplicación al considerar que, aunque el ordenamiento colombiano permite la negociación supraempresarial y existe un deber estatal de promoverla, los Convenios 98 y 154 de la OIT no contienen por sí mismos la estructura específica creada por el decreto, en aspectos como representatividad, coordinación y efectos entre convenciones.
Para Acolfutpro, la suspensión impide la aplicación de una herramienta que considera esencial para los derechos de los futbolistas profesionales. La organización, fundada en 2004, ha buscado desde 2019 la negociación colectiva unificada, cuando presentó la primera demanda de pliego petitorio ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor. En noviembre de 2025, un acuerdo que se esperaba firmar con los directivos de estas entidades quedó frustrado, y Acolfutpro los acusó de no comparecer para sellar el primer acuerdo laboral del sector.
El papel del Ministerio y el futuro de la negociación
Tras la suspensión, la ministra de Trabajo, Natalia López, convocó a la Comisión Permanente de Concertación para abrir un diálogo social que permita abordar la situación. Desde el Ministerio se ha aclarado que acata la suspensión, pero enfatizan que esta no afecta el derecho constitucional a la negociación colectiva ni las convenciones colectivas vigentes. Acolfutpro, por su parte, insiste en que el decreto es un avance necesario para que los futbolistas puedan negociar condiciones laborales de manera unificada, y su recurso de súplica busca revertir la decisión del Consejo de Estado. El tribunal deberá pronunciarse sobre la coadyuvancia solicitada y el fondo del recurso, mientras los actores gremiales y políticos siguen atentos a un debate que combina derechos laborales y estructura productiva del país.
