El representante a la Cámara Daniel Briceño encendió el debate nacional al anunciar la promoción de tres proyectos de ley que buscan reformar los controles de tránsito, la regulación de las plataformas de movilidad y el manejo de los vehículos inmovilizados. Las propuestas, que ya generan un fuerte rechazo entre el gremio de taxistas liderado por Hugo Ospina, fueron defendidas por el congresista en una entrevista con Blu Radio, donde cuestionó duramente las prácticas actuales de las autoridades de tránsito al verificar el uso de aplicaciones de transporte en los conductores.
La primera iniciativa legislativa modifica el procedimiento de verificación del comparendo D12, cuya multa asciende a cerca de 1,2 millones de pesos. Bajo la propuesta, las autoridades deberían obtener pruebas mediante cámaras de vigilancia y seguimiento de los organismos de tránsito, en lugar de revisar el contenido de los teléfonos celulares o interrogar a los pasajeros. De aprobarse, también se impediría que los pasajeros sean interrogados sobre su relación con el conductor durante los operativos. La segunda norma busca regular las plataformas de movilidad con condiciones que, según Briceño, «nivelen la cancha» con el servicio de taxi, incluyendo la implementación de tarifas dinámicas para los taxistas y cambios en la homologación para permitir otros modelos de vehículos. La tercera iniciativa propone que los vehículos inmovilizados permanezcan en sus domicilios bajo rastreo y control, evitando así el traslado a patios oficiales.
La defensa del celular frente a la autoridad
El congresista fue enfático al denunciar lo que considera una violación de derechos fundamentales en los controles actuales. Conductores le han relatado que los agentes les solicitan el teléfono y revisan su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte. En ese contexto, Briceño lanzó una pregunta que resume su postura.
«¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?»
Daniel Briceño, representante a la Cámara
Frente a la presión que sienten los conductores durante estos procedimientos, el representante reconoció que muchos acceden a la revisión por temor a las consecuencias. «Se podría negar, pero, Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma», afirmó, evidenciando la asimetría entre el ciudadano y la autoridad en plena vía pública.
La respuesta del gremio de taxistas
Hugo Ospina, vocero de los taxistas, salió al paso de las propuestas defendiendo la legalidad de los controles actuales. En su argumentación, destacó que la Policía puede verificar el IMEI del celular para detectar equipos robados y mencionó casos de taxistas que fueron capturados por comprar teléfonos hurtados. Además, señaló que existen conductores inmovilizados que aseguran que el pasajero era familiar o amigo para evadir las sanciones, lo que justificaría la rigurosidad de las verificaciones. El líder gremial insistió en que las diferencias normativas entre taxis y vehículos particulares son necesarias por la naturaleza del servicio público.
«Las mismas leyes han dicho, y la Corte Constitucional ha dicho que esto es un servicio esencial donde debe prevalecer la seguridad de los usuarios. Entonces, a nosotros no exigen revisiones técnico-mecánicas cada dos meses. Yo tengo ya 60 años y cada año me toca sacar la licencia de conducción, cada año. Nosotros no queremos que nos equiparen.»
Hugo Ospina, vocero del gremio de taxistas
Ospina recordó que los taxistas deben someterse a revisiones técnico-mecánicas preventivas cada dos meses, además de renovar anualmente la licencia de conducción, una carga que no tienen los conductores de plataformas. Para él, la seguridad de los usuarios está por encima de cualquier consideración, y rechazó de plano que se busque igualar las condiciones con quienes operan a través de aplicaciones.
Sanciones que pesan sobre los conductores
El comparendo D12, que hoy motiva la propuesta de Briceño, contempla sanciones graduales en materia de inmovilización del vehículo. La primera vez que un conductor es sorprendido realizando transporte ilegal, el vehículo queda inmovilizado por cinco días. Si reincide, la sanción asciende a veinte días de inmovilización. En una tercera ocasión, el castigo puede extenderse hasta cuarenta días, un impacto considerable para quienes dependen de su vehículo para trabajar. Estas cifras explican por qué el debate ha cobrado tanta relevancia entre conductores de plataformas y taxistas, dos sectores que se enfrentan por la regulación de un servicio que cada día es más disputado en las calles de Colombia.
Mientras el representante defiende la necesidad de modernizar los controles y evitar violaciones a la privacidad, el gremio de taxistas teme que estas iniciativas terminen equiparando condiciones que hoy los protegen. La discusión apenas comienza en el legislativo, y mientras la agenda avanza, el país estará atento a cómo se resuelve el pulso entre la innovación tecnológica, los derechos fundamentales y un sector tradicional que lucha por mantener sus garantías. El congresista ha dicho que seguirá recogiendo testimonios de conductores afectados, mientras Ospina insiste en que no cederán en la defensa de la seguridad y la legalidad.
