En un respaldo que promete acelerar la ejecución de proyectos estratégicos en todo el país, el partido Cambio Radical, a través de su codirector Enrique Vargas Lleras, anunció su apoyo al Plan de Destrabe, Transformación y Sistematización de la Consulta Previa presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. La iniciativa, revelada el 6 de octubre de 2026, busca reformar el mecanismo de consulta previa para agilizar trámites y otorgar seguridad jurídica a proyectos productivos, especialmente en los sectores de infraestructura, energía y minería.
Un plan con plazos concretos para desbloquear la inversión
El paquete de medidas contempla una hoja de ruta precisa que arranca con la digitalización y depuración de expedientes en los primeros 30 días, seguido de la creación de una Ventanilla Única Digital en 45 días, que permitirá radicar solicitudes de consulta previa y licencias ambientales con expediente electrónico desde su presentación. A los 60 días se pondrán en marcha tableros de control operativos, mientras que a los 90 días se instalará un comité independiente de monitoreo. Adicionalmente, se reorganizará la Dirección de Consulta Previa por sectores, con el objetivo de eliminar la excesiva burocracia y la falta de control que, según denunció el partido, paralizan proyectos y cuestan billones de pesos al país.
«La parálisis de los proyectos de infraestructura, energía y conectividad cuesta billones de pesos al país y frena la generación de empleo formal en las regiones más vulnerables», afirmó Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical.
El plan gubernamental, que Cambio Radical respalda por coincidir con iniciativas legislativas previas de su bancada, busca dar respuesta a un problema estructural: la consulta previa, derecho fundamental de los grupos étnicos para proteger su integridad cultural, social y económica, se había convertido en un cuello de botella debido al represamiento de trámites y la falta de cierre de procesos. El ministro Lara Restrepo fue enfático al diferenciar el respeto al derecho de la ineficiencia administrativa.
«La consulta previa se respeta. El represamiento, no», sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien añadió: «El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra».
Entre las novedades del programa, se destaca que los trámites de consulta previa y licencias ambientales podrán avanzar de forma paralela o concurrente, gracias a un decreto conjunto con el Ministerio de Ambiente. Además, se eliminará el test de proporcionalidad al cierre de los procesos, evitando que, una vez agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término. El ministro anticipó también una directiva presidencial y un proyecto de ley para dotar de seguridad jurídica al procedimiento, en un esfuerzo que busca conciliar el desarrollo económico con la protección de los derechos de las comunidades étnicas. Con este respaldo, el Ejecutivo espera desbloquear una cartera de proyectos que, según estimaciones de Cambio Radical, representa una pérdida multimillonaria para el país.
