Gobierno alista estatuto antiterrorista con lista de organizaciones ilegales para el Congreso
El Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene listo el borrador de un estatuto antiterrorista que será radicado ante el Congreso en las próximas semanas, según confirmaron fuentes del Ejecutivo citadas por El Tiempo. La iniciativa, que consta de dos proyectos de ley paralelos —uno estatutario y otro ordinario—, busca endurecer las herramientas jurídicas y operativas del Estado contra los grupos armados organizados, en un momento en que el Gobierno busca revertir decisiones judiciales adversas y fortalecer la capacidad de acción de la Fuerza Pública. Así lo anunciaron el presidente De La Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes lideran la preparación de este paquete legislativo que ya superó el visto bueno de la Oficina Jurídica de la Presidencia.
La estrategia contempla la creación de listas de organizaciones terroristas inspiradas en los modelos de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, así como un régimen penitenciario especial para cabecillas, nuevas herramientas de control de bienes y medidas para enfrentar las llamadas asonadas que obstaculicen las operaciones de la Fuerza Pública. La hoja de ruta legislativa es doble: por un lado, un proyecto estatutario, que por tocar derechos fundamentales requerirá mayoría absoluta, trámite en una sola legislatura y revisión automática de la Corte Constitucional; por otro, un proyecto ordinario, que contendrá el resto de las disposiciones y entrará en vigor sin esperar el control constitucional previo, para dar celeridad a la aplicación de las medidas. La ley de sometimiento, mientras tanto, estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Un giro frente a las derrotas judiciales
El estatuto llega en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, luego de que el Gobierno recibiera fallos en contra en el circuito ordinario, particularmente en controversias sobre la aspersión con glufosinato y los bombardeos contra campamentos de grupos armados. Con este nuevo marco, la administración De La Espriella busca blindar jurídicamente las operaciones militares y modificar el escenario en el que se han tomado decisiones que consideran lesivas para la seguridad. Además de facilitar los bombardeos, el paquete incluye agravantes penales, seguimiento a la compraventa de oro y a las casas de cambio para combatir el lavado de activos, y una reforma al sistema de tutelas, que pasarían a concentrarse en el Consejo de Estado.
En materia de inteligencia y reacción, el estatuto plantea una reestructuración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), cuyos recursos se orientarán a financiar sistemas de cámaras de alta definición en los municipios con mayores problemas de orden público, con el fin de localizar y capturar a los cabecillas de los grupos que sean incluidos en las listas. La cooperación internacional también ocupa un lugar central, pues se busca ampliar los acuerdos de intercambio de información y apoyo logístico contra el crimen organizado. El Gobierno confía en que este andamiaje legal, que incluye además la posibilidad de crear megacárceles y buques-cárcel para los máximos líderes de las organizaciones, permita asestar golpes contundentes a la estructura criminal sin depender exclusivamente de las herramientas actuales. Ahora, la pelota queda en el Congreso, donde se espera un intenso debate sobre el alcance de estas facultades excepcionales.