domingo, 22 de noviembre de 2026 Manizales · Caldas · Colombia

Consejo de Estado responsabiliza a comunidad y líder por bloqueos a Ecopetrol en Acacías

Redacción

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El Consejo de Estado, en una decisión emitida el pasado 15 de julio de 2025, declaró patrimonialmente responsables a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID) y a su líder, Sandra Patricia Ruiz Riaño, por los bloqueos que afectaron las operaciones de Ecopetrol en la estación Chichimene de Acacías, Meta, entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017. La Sección Tercera, Subsección B del alto tribunal, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, revocó un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Meta que había negado las pretensiones de la empresa estatal, al considerar que las protestas excedieron los límites constitucionales del derecho a la manifestación al afectar a un tercero.

Los bloqueos, motivados por reclamos de la comunidad sobre la asignación de empleos, restringieron el ingreso de trabajadores, contratistas, equipos e insumos a la estación, alterando la producción industrial. Ecopetrol promovió un proceso de reparación directa y solicitó una indemnización inicial de 4.056 millones de pesos colombianos por lucro cesante. Si bien la primera instancia reconoció que las protestas impactaron las operaciones, rechazó la demanda por inconsistencias en la cantidad de crudo afectado, que según certificaciones internas de Ecopetrol fue de aproximadamente 35.123 barriles en 20 pozos, mientras que un funcionario declaró 19.913 barriles en 13 pozos. Sin embargo, el Consejo de Estado estableció que dichas diferencias no desvirtúan la existencia del daño, y que la producción diferida constituye una afectación patrimonial.

Los detalles del fallo

En su sentencia, el tribunal señaló que «el aplazamiento en la producción implica, al menos en principio, una afectación en la oportunidad de generación de ingresos que no se neutraliza por el solo hecho de que el recurso permanezca en el subsuelo». La condena fue fijada en abstracto, por lo que la cuantificación económica exacta quedó pendiente de un trámite incidental y un peritaje que contrastará los registros de producción y ventas para determinar cuántos barriles dejaron de producirse efectivamente durante el periodo de bloqueos. De esta manera, la suma solicitada por Ecopetrol no corresponde al monto definitivo a pagar.

El fallo fue emitido por la Sección Tercera, Subsección B, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, y subraya los límites de la protesta social. Al respecto, Andrés Briceño, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado y profesor de la Universidad Externado, señaló que «la protesta social no es un derecho absoluto», recordando que incluso cuando las demandas comunitarias son legítimas, su ejercicio no puede causar daños injustificados a terceros ni paralizar actividades esenciales para el interés general.

«La protesta social no es un derecho absoluto»

Andrés Briceño, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado y profesor de la Universidad Externado

La decisión del Consejo de Estado deja abierto el proceso de cuantificación económica, que será definido mediante un peritaje que deberá establecer con precisión el lucro cesante causado a Ecopetrol. Mientras tanto, la corporación comunitaria y su líder enfrentan la responsabilidad patrimonial por los bloqueos que hace ocho años alteraron la producción en la estación Chichimene, un caso que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre el derecho a la manifestación y la protección de la actividad productiva del país.

Redacción

Periodista de La Veintitrés.

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