El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lanzó una dura crítica contra el proyecto de Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, al advertir que su contenido podría generar graves violaciones a los derechos humanos y sepultar el Estado de derecho al concentrar facultades en el Ejecutivo sin controles judiciales. Las declaraciones del congresista fueron difundidas a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que el borrador, cuyo contenido fue anticipado por el medio El Tiempo, sería presentado ante el Congreso en las próximas semanas y consta de dos proyectos de ley: una estatutaria, que afecta derechos fundamentales, y una ordinaria, que permitiría la entrada en vigor parcial de algunas medidas sin esperar una revisión constitucional completa.
De acuerdo con la información conocida, el paquete legislativo crearía un Alto Comisionado contra el Terrorismo con una vigencia de cinco años, dotado de plenas facultades para la conformación de listas administrativas de organizaciones terroristas, así como un régimen carcelario especial, mecanismos de control patrimonial y la legalización de actividades de espionaje e inteligencia criminal. Además, las estructuras serían clasificadas como Grupos Armados Organizados, lo que permitiría aplicar el Derecho Internacional Humanitario y fundamentar operaciones militares, incluidos bombardeos. Cepeda cuestionó que la definición de terrorismo en el estatuto es imprecisa y que, bajo esa redacción, cualquier conducta ilícita o incluso acciones legales podrían ser catalogadas como terrorismo, lo que, en sus palabras, alcanzaría al propio Gobierno actual.
Las advertencias de Cepeda sobre el riesgo para la democracia
El senador fue enfático al señalar que el proyecto, según su análisis, no solo amenaza los derechos fundamentales sino que también sustituye el orden constitucional por un esquema autoritario. En sus declaraciones textuales, Cepeda afirmó que «potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad» quedarían bajo la lupa del nuevo estatuto, y advirtió que «su carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos». Asimismo, calificó la creación del Alto Comisionado como «la creación de un cargo con plenos poderes», y señaló que «bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría».
«La Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia»
Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico
El senador, quien ha sido un crítico recurrente de las políticas de seguridad del Gobierno, subrayó que el borrador toma como referencia principal instrumentos jurídicos de Estados Unidos y no el derecho internacional público o el Derecho Internacional Humanitario, lo que a su juicio aumenta el riesgo de que la protesta social sea criminalizada. Además, cuestionó que la inclusión de personas en las listas de organizaciones terroristas quedaría en manos del Ejecutivo sin mediar una decisión judicial previa, lo que constituiría una vulneración al debido proceso. La iniciativa, que aún debe ser revisada por el Consejo de Política Criminal antes de su radicación formal, promete encender un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública sobre el equilibrio entre la seguridad y las garantías democráticas en Colombia.
