La senadora Martha Peralta, vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), solicitó a la Corte Constitucional rechazar la petición de Colpensiones de aplazar hasta 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional. La congresista, quien fue ponente de la Ley 2381 de 2024, radicó un memorial en el que pide mantener el 1 de abril de 2027 como fecha de aplicación del sistema, argumentando que la solicitud de la administradora de pensiones no corresponde a un mecanismo procesal válido para modificar los efectos temporales de una sentencia de constitucionalidad.
La petición de Peralta se da luego de que Colpensiones, el pasado 22 de septiembre de 2026, presentara un incidente de impacto fiscal junto al Ministerio de Hacienda para diferir hasta el 1 de abril de 2028 la implementación de la reforma, alegando la necesidad de completar ajustes operativos, tecnológicos, financieros e institucionales. La senadora, en cambio, sostiene que los elementos aportados no demuestran una imposibilidad material insuperable que justifique el aplazamiento, y solicita que se niegue la solicitud de manera subsidiaria. La Cámara de Representantes, por su parte, tiene plazo hasta el 30 de octubre de 2026 para subsanar los artículos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-264 de 2026.
Señalamientos por corrupción
La intervención de Martha Peralta en defensa de la reforma pensional ha generado fuertes críticas, particularmente del congresista Simón Molina, del partido Creemos, quien en su cuenta de X la señaló por su presunta vinculación con la red de corrupción de la Ungrd. Molina recordó que la senadora es señalada por Olmedo López y Sneyder Pinilla por contratos de maquinaria amarilla por más de 2.100 millones de pesos en La Guajira, así como por una lista de recomendados a cambio de apoyo político.
«Martha Peralta, PONENTE de la Ley 2381, radicó un memorial para que se rechace el aplazamiento a 2028 y el sistema entre en vigor SÍ O SÍ el 1 de abril de 2027. La misma que Olmedo López y Sneyder Pinilla señalan por contratos de maquinaria amarilla de MÁS DE $2.100 MILLONES en La Guajira, y por una lista de recomendados a cambio de apoyo»
Simón Molina, congresista del partido Creemos
El congresista calificó la acción de la senadora como un acto de cinismo, y pidió que la Corte investigue las pruebas de presunta corrupción que rodean el trámite de la reforma. La Ley 2381 de 2024, impulsada por el entonces presidente Gustavo Petro, fue declarada exequible de manera parcial por la Corte Constitucional, fijando el 1 de abril de 2027 como la fecha de entrada en vigor de las disposiciones aprobadas. Ahora, la decisión final sobre si se mantiene esa fecha o se aplaza dependerá del pronunciamiento del alto tribunal en el expediente D-15989.
