El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el 3 de octubre de 2026 declarar insubsistente a Germán Miranda como director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), tras la divulgación de unos audios en los que se alude a la revisión de un proceso penal y gestiones documentales que habrían comprometido la confianza del Ejecutivo. La decisión, materializada por decreto presidencial, se produjo después de que el periódico El Tiempo revelara conversaciones atribuidas a Miranda en las que se menciona un expediente judicial que podría afectar la situación jurídica del Cuerpo de Bomberos de Envigado y una búsqueda reservada de carpetas. El Gobierno radicó denuncias formales ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras una auditoría forense que detectó posibles irregularidades en contrataciones directas de la DNBC durante el anterior gobierno.
Los audios, divulgados inicialmente por El Tiempo, recogen dos conversaciones clave. En una de ellas, Miranda conversa con el capitán Luis Bernardo Morales, comandante de Bomberos de Envigado, sobre un proceso penal que podría tener implicaciones para ese cuerpo de bomberos. En la grabación se escucha una voz atribuida a Miranda diciendo: «Ayúdame con eso pero súper secreto, ¿listo? (…) Con calma, no vaya a comentar a nadie». En otro audio, la misma voz habla con una colaboradora sobre la necesidad de buscar carpetas de manera reservada y menciona la posibilidad de un pago: «Primero tenemos que ver el monto, capi… y dependiendo del monto, arreglar eso». Estas revelaciones llevaron al Gobierno a considerar que se había perdido la confianza en el director, según afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien además señaló que los audios permitieron radicar denuncias por presuntos actos de corrupción.
Las revelaciones de los audios y la defensa de Miranda
Germán Miranda, quien ocupó la dirección de Bomberos y el cargo de coordinador general durante cerca de diez años en dos periodos previos y el más reciente, rechazó las acusaciones y defendió su gestión. En declaraciones posteriores a su destitución, afirmó: «Hasta que los entes de control no verifiquen la veracidad de los hechos, no podemos dar un criterio específico de lo que pasó». También cuestionó que nunca antes hubiera sido objetado su desempeño: «Curioso que en mis dos primeros periodos nunca hubo ninguna objeción a mi grado y experiencia». Miranda aseguró que la documentación que presentó para acceder al cargo fue verificada por Función Pública y sostuvo que las supuestas irregularidades que denunció durante el empalme —como el direccionamiento en plazos, estudios de mercado defectuosos, acceso a información reservada para calcular sobrecostos, división de licitaciones por lotes y la existencia de pólizas de seriedad de oferta consecutivas de un mismo intermediario— son muestra de su compromiso con la transparencia.
«Dos de las pólizas de seriedad de oferta son consecutivas. Eso quiere decir que las mismas empresas compraron consecutivamente las pólizas», explicó Miranda al referirse a uno de los hallazgos de la auditoría forense.
Germán Miranda, exdirector de la DNBC
Investigaciones en curso y antecedentes
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la salida de Miranda se debió a una pérdida de confianza del Ejecutivo y que las grabaciones permitieron activar los mecanismos de control. «El Gobierno radicó denuncias ante los entes de control por presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración anterior», declaró Lara. La auditoría forense, cuyos resultados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, identificó varias irregularidades en los procesos de contratación, incluyendo el patrón de pólizas consecutivas que Miranda mencionó en su defensa. Mientras los entes de control avanzan en la verificación de los hechos, el exdirector mantiene su versión de que todo forma parte de una campaña en su contra y que los hallazgos que él mismo denunció durante el empalme demuestran su rectitud. La situación judicial de Miranda y la posible implicación de otros funcionarios quedan ahora en manos de las autoridades.
