El ministro de Justicia, Iván Cancino, aceptó la renuncia de ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal y dejó sin efecto la designación de otros dos miembros, sumando un total de diez salidas en el organismo consultivo. La decisión se materializó mediante una resolución ministerial, en la que también se revocaron los nombramientos de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona, quienes no habían aceptado sus designaciones previas. Esta reestructuración responde a la solicitud de renuncia protocolaria que hizo el Ministerio de Justicia el 26 de agosto de 2025, tras la llegada de Cancino al despacho, en ejercicio de las facultades que otorga el Decreto 2055 de 2014.
La solicitud de renuncia fue firmada por Laura Nataly Castillo Garay, directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria, quien fijó inicialmente el 28 de agosto como plazo para que los miembros presentaran sus cartas de renuncia. Las designaciones originales de los ocho integrantes que dimitieron habían sido realizadas entre el 24 y 25 de junio de 2025 por el entonces ministro Eduardo Montealegre Lynett, durante el gobierno de Gustavo Petro. Cada uno de los cargos tenía un periodo de dos años, ad honorem, y los miembros provenían de áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, derechos humanos, justicia transicional y academia.
Un organismo clave en la política criminal
La Comisión Asesora de Política Criminal es un organismo consultivo e independiente que proporciona soporte técnico, científico y empírico al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal en materia penal y penitenciaria. Sus conceptos tienen carácter consultivo y no vinculante, pero son fundamentales para la toma de decisiones en estas áreas. La salida de los diez miembros se produce en un contexto de cambios impulsados por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca renovar la política criminal del país.
Entre las iniciativas que deberá analizar la nueva comisión están la nueva política de sometimiento a la justicia, presentada en septiembre por los ministros de Justicia e Interior, y la reforma al Código de Procedimiento Penal, que plantea la eliminación de la audiencia de formulación de imputación y la creación de una audiencia de terminación anticipada. Estas propuestas requieren un acompañamiento técnico riguroso, por lo que el Ministerio de Justicia deberá conformar nuevamente la comisión en los próximos días.
