El Ministerio de Transporte divulgó un borrador de decreto que reformaría el régimen de concesiones portuarias en Colombia, una iniciativa que busca modernizar las reglas para puertos, muelles y embarcaderos, pero que ya encendió las alarmas de la Red de Veedurías de Colombia. La organización advierte que el texto, que modificaría el Decreto 1079 de 2015, podría generar demoras en los trámites y conflictos de competencia entre las entidades del sector. El proyecto, conocido recientemente por Infobae Colombia, crea el Registro Único de Concesiones Portuarias (Rucop) e incorpora incentivos ambientales y sociales, aunque para los veedores persisten vacíos que podrían entorpecer su aplicación.
La propuesta del Gobierno nacional pretende actualizar un marco normativo que data de 2015, con el propósito declarado de mejorar la transparencia, la planeación y la competitividad del sistema portuario. El Rucop se perfila como una plataforma que centralizaría la información sobre solicitudes, contratos, modificaciones y reversión de activos, permitiendo que las entidades estatales y la ciudadanía hagan seguimiento a los procesos. A la par, el borrador incluye incentivos para que los concesionarios inviertan en transición energética, reducción de emisiones, infraestructura comunitaria y desarrollo territorial. Sin embargo, la Red de Veedurías de Colombia considera que la falta de precisión en varios puntos clave podría generar efectos contrarios a los buscados.
Las advertencias sobre el Rucop y las competencias
Uno de los principales reparos de la Red de Veedurías tiene que ver con el funcionamiento del nuevo registro. En un documento divulgado por la organización, los veedores señalan que el Rucop debería interoperar con plataformas existentes como el Secop y las bases de datos de las entidades concedentes, en lugar de operar como un sistema aislado. La preocupación radica en que el borrador no resuelve cómo se articularán estas herramientas, lo que, en la práctica, podría traducirse en trámites más largos y confusos. «Podría generar expedientes paralelos y solicitudes duplicadas de información», advierte la Red en su análisis, al tiempo que cuestiona la creación de un sistema adicional de cargue documental que, según ellos, terminaría por «duplicar reportes y elevar las cargas administrativas para los concesionarios y el Estado».
Otro de los focos de tensión está en la delimitación de funciones. La organización veedora pide que se diferencie con claridad el rol de la Superintendencia de Transporte, que debe ejercer inspección, vigilancia y control, sin asumir labores de supervisión o administración contractual que corresponden a otras instancias. Para la Red, si el decreto no precisa estos límites, se abre la puerta a conflictos de competencia que retrasarían los procesos y generarían inseguridad jurídica.
«No define qué ocurriría si una propuesta presentada por un tercero recibe una valoración más alta que la del concesionario actual»
Red de Veedurías de Colombia
Ese interrogante sobre las propuestas alternativas es, precisamente, una de las lagunas que más preocupa a los veedores. El borrador no establece qué sucede si un tercero presenta una iniciativa mejor valorada que la del concesionario vigente, un vacío que podría frenar inversiones o generar disputas. Tampoco se desarrollan a fondo los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales, pues no se definen requisitos, vigencias, prórrogas o causales de terminación. A ello se suma la falta de reglas claras sobre el valor residual de las inversiones frente a la reversión de activos, un asunto que remite a la Ley 1.ª de 1991 y que resulta central para los concesionarios.
Recomendaciones y camino pendiente
La Red de Veedurías de Colombia también llamó la atención sobre el riesgo de que decisiones adoptadas por autoridades ambientales, marítimas, fluviales o territoriales alteren las condiciones contractuales sin pasar por la entidad concedente. Ese escenario, advierten, podría generar desequilibrios en los contratos y afectar la seguridad jurídica de las inversiones. Frente a ello, la organización recomienda que cada autoridad registre la información que produce y que las demás accedan a ella mediante mecanismos de interoperabilidad, de manera que no se dupliquen esfuerzos ni se generen inconsistencias.
El documento de los veedores incluye además sugerencias concretas para mejorar el borrador: implementar un procedimiento abreviado para las modificaciones no sustanciales de los contratos, definir un régimen de transición claro y precisar el efecto contractual de las decisiones de otras autoridades. Estas recomendaciones se enmarcan en la exigencia de que el proyecto surta un proceso de discusión y evaluación antes de su expedición definitiva. Mientras el Ministerio de Transporte no atienda estos reparos, la reforma portuaria llegará a puerto con aguas turbulentas.
