La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a un exintegrante del Ejército Nacional de Colombia, identificado como P.J.T.M., quien reconoció su responsabilidad por 37 homicidios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La resolución 79/2026, adoptada el pasado 30 de septiembre, ordena al Estado colombiano adoptar acciones urgentes para proteger la vida e integridad del compareciente, evaluar su nivel de riesgo e investigar las amenazas que ha recibido desde que comenzó a declarar sobre los denominados «falsos positivos» en el marco del Macrocaso 03, Subcaso Costa Caribe. La CIDH determinó que existe un riesgo grave y urgente de daño irreparable, pese a las medidas de protección estatales previas, que incluyeron un escolta, un chaleco blindado y un medio de comunicación, pero que resultaron insuficientes según las evaluaciones de seguridad.
Las amenazas contra P.J.T.M., un exmilitar que se acogió a la JEP y confesó su participación en 37 ejecuciones extrajudiciales, comenzaron en 2023 cuando inició sus declaraciones, pero se intensificaron hasta julio de 2026. Según la información conocida por la CIDH, el exmilitar presentó nueve denuncias ante las autoridades por amenazas, seguimientos y dos presuntos ataques contra su vida. El primero de estos ataques ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando se registraron detonaciones en su contra sin que resultara herido, mientras que el segundo se materializó el 14 de julio de 2026, cuando un desconocido le entregó un panfleto acompañado de dos cartuchos de munición. En el mensaje, le exigían «dejar las cosas como están» y «no hablar de más», advirtiéndole que antes le habían «perdonado la vida». La situación se agravó el 28 de julio de 2026, cuando recibió un mensaje de WhatsApp que decía: «Si volvés a nombrar a alguien, esta vez no te salva nadie».
Un esquema de protección insuficiente y el riesgo inminente
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP había retirado las medidas de seguridad para P.J.T.M. en diciembre de 2024, pero tras las evaluaciones posteriores, el esquema asignado —que incluía un escolta, un chaleco blindado y un medio de comunicación— fue considerado insuficiente. El propio escolta del exmilitar reportó «limitaciones significativas» y calificó como «necesario y urgente» reforzar el esquema de protección luego del ataque del 21 de marzo de 2026. Además, el escolta describió a P.J.T.M. en un «estado de alta afectación emocional» y con «un nivel considerable de ansiedad» tras recibir amenazas el 30 de abril de 2026. Las amenazas ocurrieron en Sincelejo, Bogotá, Valledupar y otras zonas del país, mientras la Fiscalía no ha identificado responsables de los ataques.
Las declaraciones de P.J.T.M. ante la JEP habrían involucrado a tres generales, cinco coroneles y otros oficiales y suboficiales en las ejecuciones extrajudiciales. Esta situación desató una serie de intimidaciones que, según la CIDH, configuran un peligro inminente para su vida. La Comisión no anticipa una decisión sobre una eventual violación de derechos ante el Sistema Interamericano, pero ordenó al Estado colombiano informar en un plazo de 15 días, tras la notificación de la resolución, las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del compareciente y continuar con las investigaciones correspondientes. La medida cautelar busca, en última instancia, que P.J.T.M. pueda seguir compareciendo ante la JEP y aportando su testimonio en el marco de la justicia transicional.
