La Fiscalía General de la Nación solicitó condena en contra del empresario Carlos Alberto Solarte Solarte, representante de CAS Constructores, por las presuntas irregularidades en el contrato del interceptor Tunjuelo-Canoas, uno de los capítulos más recordados del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht en Colombia. Durante los alegatos de conclusión, el ente acusador hizo mención a figuras como el fallecido exdictador venezolano Hugo Chávez, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y el contratista Emilio Tapia Aldana, todos vinculados de distintas maneras a la trama que rodeó la licitación y ejecución del proyecto. Solarte enfrenta acusaciones por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en un juicio que aún está en curso y cuya decisión final se espera tras la evaluación de los argumentos presentados por las partes.
El contrato, suscrito en el año 2009 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y el Consorcio Canoas, tenía un valor cercano a los 243.000 millones de pesos. Dicho consorcio estaba conformado en un 60% por la multinacional brasileña Norberto Odebrecht y en un 40% por CAS Constructores, la empresa de Solarte. Según la acusación de la Fiscalía, la asociación entre ambas compañías se habría dado porque CAS Constructores no contaba con la experiencia técnica necesaria en túneles de suelo blando, lo que llevó a que buscaran el respaldo de Odebrecht para poder participar en la licitación. Sin embargo, lo que ha centrado la atención del proceso es la manera en que se acreditó dicha experiencia, ya que se habría utilizado un contrato del metro de Caracas que no había sido finalizado.
Las irregularidades en la certificación y los sobornos pactados
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la Fiscalía tiene que ver con la certificación técnica presentada por el Consorcio Canoas. Se mencionó específicamente el contrato MC 3211 del metro de Caracas, cuyas obras no habían concluido y carecían de un acta definitiva de entrega. Según el ente acusador, las estaciones intermedias de la línea, como Los Jardines, Coche y Mercado, se encontraban todavía en fase de pruebas y se esperaba que su inauguración oficial, programada para el 26 de diciembre de 2009, estuviera a cargo de Hugo Chávez. El fiscal advirtió que la certificación presentada no cumplía los requisitos exigidos, lo que pondría en duda la legitimidad del proceso de selección desde sus inicios. En este sentido, se afirmó que desde la etapa de licitación ya se registraban ofrecimientos de sobornos y presiones para asegurar que el Consorcio Canoas se quedara con el contrato.
Las acusaciones también detallan un esquema de comisiones ilegales que habría sido pactado para facilitar la adjudicación del proyecto. De acuerdo con la Fiscalía, se acordaron sobornos que oscilaban entre el 5% y el 8% del valor total del contrato, los cuales estarían destinados a intermediarios como Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván Moreno Rojas —quien ya ha enfrentado investigaciones por otros escándalos de corrupción— y el exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Andrés Cardona. En este entramado, el contratista Emilio Tapia Aldana, condenado previamente por hechos de corrupción, habría sido el encargado de administrar dichas comisiones. Según la acusación, Tapia destinó cerca de 255 millones de pesos al pago de abogados con el objetivo de evitar que el proceso contractual fuera cuestionado legalmente.
Un juicio que continúa su curso en medio del legado del escándalo Odebrecht
El caso Odebrecht, considerado una de las mayores tramas de sobornos internacionales de la historia reciente, ha dejado un profundo impacto en la región al revelar cómo la constructora brasileña pagó millonarias coimas para obtener contratos públicos en varios países de América Latina, incluido Colombia. El proceso contra Carlos Alberto Solarte Solarte es solo uno de los varios frentes judiciales que aún se mantienen abiertos en el país como consecuencia de esta investigación. Mientras la Fiscalía ha presentado sus alegatos de conclusión pidiendo una condena, la defensa del empresario tendrá la oportunidad de refutar las pruebas y argumentos presentados. El juez del caso deberá ahora evaluar minuciosamente cada elemento para determinar la responsabilidad de Solarte en las irregularidades que rodearon el contrato Tunjuelo-Canoas, un proyecto que prometía ser clave para la infraestructura de la capital pero que terminó siendo un símbolo más de la corrupción enquistada en la contratación pública.
