La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional no expedir el decreto que crea el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas sin que antes se realice una consulta previa con los pueblos indígenas, al considerar que la iniciativa afecta su autonomía, gobierno propio y seguridad. Así lo hizo saber mediante un oficio dirigido al Ministerio del Interior el 4 de octubre de 2023, firmado por Santiago Pardo Rodríguez, defensor delegado para Asuntos Legales y Constitucionales encargado, y Milena Mazabel Cuasquer, defensora delegada para Pueblos Étnicos. El documento fue recibido por la directora jurídica de esa cartera, Eliana Marcela Espinosa Silva.
El proyecto de decreto busca incorporar un capítulo al Decreto 1066 de 2015 para crear el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, con el fin de mejorar la información estatal sobre estas instancias y coordinar medidas de protección, fortalecimiento, prevención, reparación o cooperación. Para la Defensoría, la publicación del borrador para comentarios públicos no reemplaza el derecho a la consulta previa, respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, en particular la Sentencia SU-123 de 2018.
Una medida que no es meramente administrativa
La entidad defendió que la creación de un sistema estatal sobre una institución propia de los pueblos indígenas no puede tratarse como un simple asunto de gestión de información. En el oficio dirigido al Ministerio del Interior, la Defensoría advirtió que el proyecto incide directamente en derechos fundamentales de las comunidades.
«La creación de un sistema estatal sobre una institución propia de los Pueblos Indígenas no puede analizarse como una medida meramente administrativa o de gestión de información (…). Por su objeto, contenido y efectos prácticos, el proyecto incide directamente en la autonomía, el gobierno propio, la forma de representación institucional y la seguridad de los pueblos y comunidades indígenas».
Defensoría del Pueblo, oficio dirigido al Ministerio del Interior
La Defensoría también advirtió sobre los riesgos que implica concentrar datos sensibles de las guardias indígenas. Según la entidad, la agregación de información territorial, organizativa y de contacto puede facilitar la identificación de autoridades, liderazgos o estructuras comunitarias y aumentar los riesgos existentes. Por esa razón, pidió que la concertación se realice en la Mesa Permanente de Concertación, creada por el Decreto 1397 de 1996.
«La agregación de información territorial, organizativa y de contacto puede facilitar la identificación de autoridades, liderazgos o estructuras comunitarias y aumentar los riesgos existentes».
Defensoría del Pueblo
Cuestionamientos al diseño del sistema
El documento también cuestiona la definición estatal de «guardia indígena», que podría limitar tareas de gobierno propio y control territorial. La Defensoría señaló que solo las autoridades registradas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías podrán reportar información al sistema. Aunque la participación es voluntaria, el proyecto obliga a otras entidades a consultar el sistema, lo que podría generar diferencias de trato entre guardias registradas y no registradas.
El proyecto establece, a su vez, que el reporte de información no podrá exigirse para acceder a medidas de protección, prohíbe usar los datos con fines de inteligencia y excluye listados nominales de integrantes. Sin embargo, la Defensoría insistió en que sus comentarios no son vinculantes y el Ministerio del Interior mantiene su postura de que el sistema no requiere consulta previa porque no crea ni reconoce a las guardias indígenas. La decisión final queda ahora en manos del Gobierno nacional, que deberá definir si acoge la solicitud de la Defensoría o si expide el decreto sin el consentimiento de los pueblos indígenas.
