La Cancillería de Colombia, bajo la dirección del canciller Omar Bula, detectó anomalías en 811 contratos suscritos por la administración de Gustavo Petro, entre ellos 367 con objetos contractuales idénticos, y remitió 19 casos a la Contraloría General de la República. La revisión documental, que forma parte de las auditorías forenses ordenadas por el actual Gobierno, abarcó contratos por cerca de 92.846 millones de pesos y dejó en evidencia coincidencias, diferencias de valor y situaciones atípicas que encendieron las alarmas sobre posibles hechos de corrupción en la gestión anterior.
El análisis, anunciado el 29 de agosto de 2026, consistió en comparar objetos contractuales, montos, fechas de suscripción y mecanismos de selección de los 811 contratos. La Cancillería aclaró que el valor total de los procesos bajo observación asciende a 100.164 millones de pesos, pero precisó que esa cifra no acredita por sí sola un detrimento patrimonial. Sin embargo, los hallazgos son contundentes: 551 contratos presentaron actividades repetidas o muy parecidas, y dentro de ese conjunto, 367 tenían objetos contractuales idénticos. Además, se encontraron diferencias de precio de hasta cuatro veces en contratos con el mismo objeto.
Hallazgos atípicos en la contratación
Entre los casos más llamativos figura un contrato pactado por 2.839 millones de pesos para ejecutarse en solo dos días, y otro con un valor de cero pesos y un plazo que se extiende hasta 2028. La concentración de firmas también resultó sospechosa: 227 contratos, equivalentes a 21.137 millones de pesos, fueron firmados el 30 de enero de 2026, lo que representa el 28,1 por ciento de la contratación anual de la Cancillería. A esto se suman 101 contratos suscritos durante fines de semana y el hecho de que el 53,4 por ciento de la contratación del año se concentró en las semanas previas a las restricciones electorales impuestas por la Ley de Garantías.
Otro dato relevante es que el 99,6 por ciento de los contratos examinados se adjudicó por contratación directa, un mecanismo que limita la competencia y que suele ser foco de alertas en los organismos de control. La revisión hace parte de las verificaciones que el Gobierno actual, liderado por Abelardo de la Espriella, puso en marcha sobre los procesos de contratación y los informes recibidos de la administración previa. Las actuaciones se encuentran en etapa preliminar, por lo que los involucrados podrán presentar explicaciones y ejercer su derecho de defensa ante los organismos competentes.
Casos remitidos y otras investigaciones
La Contraloría General de la República examinará los 19 contratos remitidos para determinar si existen elementos que justifiquen una actuación de control fiscal. La Cancillería, por su parte, mantendrá la revisión documental y enviará los casos sustentados a la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, según corresponda. De manera paralela, el ente de control también revisará tres contratos suscritos por el Gobierno saliente con la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) e Inravisión, por cerca de 16.627 millones de pesos, con alertas por posibles sobrecostos, duplicidades y pagos sin soportes.
La situación se extiende a otras entidades. En el Ministerio de Igualdad se presentaron 13 denuncias por presuntas irregularidades, incluidos contratos firmados en los últimos meses de funcionamiento de esa cartera. Allí se detectaron más de 60 contratos por cerca de 469.000 millones de pesos, con una expectativa de recuperación cercana a los 200.000 millones de pesos. Esta revisión se suma a la auditoría integral que se adelanta durante la liquidación del Ministerio de Igualdad, en el marco de los esfuerzos del actual Gobierno por depurar la contratación estatal y establecer responsabilidades fiscales y disciplinarias.
