Una juez de control de garantías envió a prisión a ocho presuntos integrantes de una red criminal dedicada a instalar, financiar y administrar laboratorios de procesamiento de cocaína en el oriente de Colombia, tras la incautación de más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. La información fue dada a conocer por la Fiscalía General de la Nación el jueves 8 de octubre de 2026, luego de que la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, a través de su Dirección Antinarcóticos, desarrollaran una investigación que permitió desarticular la estructura.
Las capturas se realizaron en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Maní, Villanueva, Yopal (Casanare), San Luis de Gaceno (Boyacá) y Puerto Concordia (Meta), mientras que los laboratorios de procesamiento de droga operaban en Vichada, Casanare y otros departamentos del oriente colombiano. Los procesados fueron identificados como Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senen Moreno Perilla.
El presunto cabecilla operaba desde Bogotá
Según la investigación, Helver Ramiro Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la red, pues impartía directrices desde la capital del país y aportaba los recursos económicos para el montaje de los complejos de procesamiento, cuya inversión alcanzaba hasta 150 millones de pesos por laboratorio. Wilson Palencia García, por su parte, se encargaba de la logística, la compra de precursores químicos y los pagos a otros integrantes, mientras que Pedro Pablo Morales Mendoza actuaba como enlace con la base operativa. Los demás capturados estarían vinculados con la producción de cocaína, la adecuación de instalaciones y el transporte de los cargamentos.
Durante al menos cuatro operativos, las autoridades encontraron droga lista para traslado, insumos químicos y caletas. La red marcaba el clorhidrato de cocaína con marquillas propias para que los compradores reconocieran el origen del producto, y habría implementado una presunta estrategia para recuperar equipos y materiales ocultos después de las intervenciones de las autoridades, lo que evidencia un profundo conocimiento del terreno y una capacidad de reacción que mantuvo en jaque a los investigadores.
Imputación de cargos y proceso judicial
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los ocho capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y, tras las audiencias preliminares, la juez determinó que permanecieran en prisión mientras avanza el proceso. La Fiscalía continuará con la recolección y evaluación de pruebas para establecer la dimensión real de esta estructura criminal y sus posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.
