La reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, podría extenderse hasta seis años y demandar una inversión de entre 30 y 40 billones de pesos, según un análisis del centro de estudios económicos Anif. El informe, divulgado en las últimas horas, advierte que la magnitud del desafío se ve agravada por la delicada situación fiscal del país, que registró un déficit del 6,4% del Producto Interno Bruto en 2025 y una deuda pública que supera el 60% del PIB. El área afectada representa el 14,5% del PIB nacional, lo que encarece aún más el proceso reconstructivo.
El análisis de Anif detalla que las fuentes de financiación disponibles no son de inmediato acceso. El Presupuesto General de la Nación para 2026 cuenta con 20,1 billones de pesos sin comprometer, mientras que el Sistema General de Regalías podría aportar 3,7 billones de recursos sin certificado de disponibilidad presupuestal y 10,1 billones sin asignación específica. A estos se suman 270.000 millones de pesos que podrían canalizarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, y el Fondo de Gestión del Riesgo apenas disponía de 47.265 millones de pesos en la subcuenta de Manejo de Desastres al momento de la emergencia. En total, las fuentes potenciales identificadas suman 34,2 billones de pesos, una cifra que, aunque cercana al extremo inferior del costo estimado, requiere mecanismos complejos para su movilización efectiva.
Lecciones del pasado y riesgos fiscales
La comparación con el terremoto del Eje Cafetero de 1999 es inevitable. En aquella ocasión, el costo actualizado de la reconstrucción fue de 17,1 billones de pesos, menos de la mitad de lo que hoy se proyecta. Anif advierte que las condiciones fiscales actuales limitan el margen de endeudamiento y aumentan el riesgo de que las medidas tributarias temporales que se adopten para financiar la emergencia se conviertan en permanentes, como ocurrió con el impuesto 4×1000, creado tras el sismo de 1999 y que sigue vigente. La creación del Fondo Patria Milagro para canalizar los recursos y el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre, que estableció una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, buscan dar cauce a la financiación, pero el centro de estudios señala tres factores de riesgo clave: el control constitucional de los decretos, la capacidad institucional para ejecutar los proyectos y la tentación de perpetuar impuestos de emergencia.
Ante este panorama, Anif propone una estrategia de financiación por capas que incluya líneas de crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, créditos multilaterales y una trazabilidad rigurosa de los recursos del Fondo Patria Milagro para garantizar su credibilidad. La advertencia es clara: sin una planeación fiscal cuidadosa y mecanismos de control, el costo de la reconstrucción podría dispararse y dejar una huella duradera en las finanzas públicas del país.
