La defensa de Sneyder Pinilla, testigo clave en una macrocausa de corrupción estatal, solicitó este martes que sea dejada sin efectos la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que ordena su traslado a la cárcel La Picota, al advertir que la medida desconoce una orden judicial vigente que dispone su permanencia en un centro de reclusión militar y que lo expone a represalias por su colaboración con la Fiscalía. El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, conocido expersonero de Bogotá con antecedentes por corrupción, manifestó que las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas, y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de quien ha decidido aportar información sobre el desvío de dineros públicos para sobornos a congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.
La resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, determinó el traslado de Pinilla desde la unidad militar donde estaba recluido hacia el penal de máxima seguridad de Bogotá. La decisión también afecta a Olmedo López, quien fue trasladado junto con Pinilla. La defensa advierte que este movimiento desconoce determinaciones previas de jueces de control de garantías que habían decretado la reclusión en una unidad militar por verificar amenazas reales contra la vida del testigo, y que en La Picota se encuentran recluidos otros dirigentes políticos y exfuncionarios implicados en sus confesiones.
Los argumentos de la defensa
En un pronunciamiento conocido por este medio, Moreno Rivera afirmó que el traslado vulnera el debido proceso y desconoce el principio de prevalencia de la justicia. «Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas», señaló el jurista. La defensa también advirtió que el traslado ocurre apenas unas semanas después de que un juez de garantías verificara la existencia de un riesgo real contra la vida de Pinilla, quien accedió a un esquema de delación y entregó pruebas sobre el presunto pago de sobornos a congresistas y altos funcionarios del Ejecutivo.
«La seguridad de nuestro representado no puede quedar supeditada a decisiones administrativas que desconocen las determinaciones de los jueces. Allá, en La Picota, están recluidas las personas contra las cuales él declaró.»
Luis Gustavo Moreno Rivera, abogado de Sneyder Pinilla
El caso que originó la medida de protección contra Pinilla tiene como trasfondo el escándalo por el contrato de 40 carrotanques para la compra de agua en el municipio de Río de Oro, en el que se estiman sobrecostos por más de 20.000 millones de pesos. Pinilla fue condenado a 5 años, 8 meses y 1 día de prisión por el delito de peculado por apropiación, pero su condena fue suspendida condicionalmente a cambio de que devolviera los dineros y colaborara con la justicia. Precisamente esa colaboración es la que lo convierte en blanco de retaliaciones, por lo que su defensa insiste en que debe permanecer en un lugar seguro y alejado de los cabecillas de la red de corrupción que hoy están presos en el mismo penal de La Picota.
El abogado Moreno también recordó que la Fiscalía tiene la obligación legal de proteger a los testigos de este tipo de casos y que el traslado a un centro carcelario donde están los demás implicados pone en riesgo no solo la vida de su representado sino el éxito de las investigaciones en curso. «La protección de un testigo no es un favor que se concede, es un deber que se cumple», puntualizó. Por ahora, la defensa anunció que presentará una tutela contra la resolución del Inpec y que pedirá la suspensión inmediata del traslado mientras se resuelve de fondo el recurso. Mientras tanto, la permanencia de Pinilla en la unidad militar queda en vilo, a la espera de que las autoridades judiciales definan si la administración penitenciaria puede anteponer sus decisiones por encima de una orden de un juez de la República.
