La Contraloría de Bogotá, encabezada por Juan Camilo Zuluaga Morillo, ordenó una revisión fiscal preliminar al contrato de 75 millones de pesos del Concejo de Bogotá, ante la posible existencia de un doble pago por servicios de limpieza en camionetas blindadas asignadas por la Unidad Nacional de Protección. La actuación, que recae en la Dirección de Reacción Inmediata del organismo de control, se centra en el convenio suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda –a través del Fondo Cuenta del Concejo– y la empresa V-CARS S.A.S., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La revisión surge a raíz de publicaciones periodísticas del pasado 6 de octubre que alertaron sobre una obligación contractual: el lavado, hasta dos veces al mes, de las camionetas blindadas que utilizan los concejales con niveles de riesgo extraordinario o extremo, vehículos que pertenecen a la UNP. El objetivo de la Contraloría es verificar si el servicio de aseo ya está cubierto dentro de los convenios de seguridad que la UNP tiene con los concejales, lo que configuraría un uso indebido o duplicado de recursos públicos.
Detalles del contrato y las cifras bajo la lupa
El contrato, identificado con el número 260512 de 2026, tiene un valor de hasta 75 millones 645 mil pesos y contempla una bolsa agotable para limpieza general del parque automotor por un monto de hasta 10 millones de pesos. Durante los primeros cinco meses de ejecución, se han utilizado aproximadamente 986 mil pesos de ese rubro, según los datos que maneja el órgano de control. La flota de vehículos del Concejo asciende a siete unidades, aunque las camionetas blindadas asignadas por la UNP no están incluidas formalmente en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que ha generado la sospecha de una posible duplicidad en los pagos.
En una visita a las instalaciones del Concejo, la Contraloría constató la existencia del contrato y detectó una partida específica de 10 millones destinada a la limpieza general. El ente de control ahora busca contrastar los servicios efectivamente prestados con los pagos realizados y determinar si las camionetas blindadas recibieron servicios de limpieza que ya correspondían a otros acuerdos de protección.
“Luego de visitar las instalaciones del Concejo de Bogotá, para constatar el contrato relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados a dicha corporación, por un valor cercano a $75 millones, evidenciamos que existe un rubro de $10 millones destinado a la limpieza general del parque automotor. Cabe resaltar que dicho convenio suscrito no incluye el mantenimiento de las camionetas asignadas a los concejales por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
Contraloría de Bogotá, publicación en redes sociales
Por su parte, la Presidencia del Concejo y su Dirección Administrativa han defendido el contrato, señalando que el alcance es integral e incluye mantenimiento preventivo y correctivo, revisiones técnico-mecánicas y control de gases, y que la limpieza es apenas un servicio opcional dentro del paquete. La revisión preliminar que adelanta la Dirección de Reacción Inmediata no establece responsabilidades ni determina afectación patrimonial en esta etapa; se limita a verificar si el lavado de las camionetas blindadas se ajusta al objeto contractual y si existe un eventual doble pago con recursos públicos. La Contraloría también analizará el papel de la Dirección Administrativa del Concejo en la supervisión de los pagos realizados por este concepto.
