La Alcaldía Distrital de Buenaventura expidió el pasado 26 de agosto el Decreto Distrital 0338, mediante el cual se establece un “precio público por circulación” de 4.235 pesos por cada tonelada de carga que entre o salga de los terminales portuarios del distrito. La medida, que ya genera una fuerte controversia entre gremios del comercio exterior y cadenas productivas, podría encarecer de forma progresiva los alimentos de la canasta familiar y poner en riesgo exportaciones por cerca de 27.000 millones de dólares, según cálculos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y el Consejo Gremial Nacional.
El cobro se aplicará a través de los operadores portuarios, quienes deberán facturarlo al propietario de la mercancía, tal como lo ordena el artículo 6 del decreto. Analdex estima que el recaudo total ascendería a más de 90.000 millones de pesos anuales, los cuales serán trasladados a importadores y exportadores. Para un tractocamión con capacidad de 30 toneladas, la tarifa equivale a 127.050 pesos, mientras que un contenedor de 40 pies, con 22 toneladas, pagaría 93.170 pesos. El valor se indexará cada año según el Índice de Precios al Consumidor, por lo que para 2027 se proyecta un costo cercano a los 4.500 pesos por tonelada.
Impacto directo en los alimentos
La principal preocupación de los gremios es el efecto inflacionario que tendría la tasa sobre los productos básicos de la canasta familiar. Por el puerto de Buenaventura ingresa buena parte de las materias primas utilizadas en la producción de pollo, huevo, cerdo, pescado, ganado estabulado, pan y alimentos para mascotas. Entre enero y septiembre de 2026, el Consejo Gremial Nacional calculó que solo para la importación de maíz amarillo, soya y torta de soya el sobrecosto habría superado los 6.600 millones de pesos en el primer semestre del año, luego de que en 2025 esa misma factura alcanzara los 13.000 millones. “El primer efecto llega a la mesa de los hogares”, advirtió el Consejo Gremial en un comunicado. En el caso del café, que exporta el 60,2% de su producción por Buenaventura, el cobro representaría 422 pesos por carga, con una afectación proyectada de 1.779 millones de pesos al cierre de 2026. El azúcar también sería golpeada, pues el 86% de sus exportaciones salen por ese puerto.
Reacciones y presiones legales
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su superintendente Jairo Orlando Clopat, ya pidió al distrito abstenerse de aplicar la medida mientras se evalúa su impacto en los derechos de los consumidores y la libre competencia. “Hemos requerido a la Alcaldía de Buenaventura para que se abstenga de aplicar la medida. El decreto puede afectar los derechos de los consumidores y la libre competencia”, escribió Clopat en su cuenta de X. Por su parte, la Federación Nacional de Comercio Exterior (Fedecaribe) y la Cámara de Alimentos de la Andi calificaron el recaudo como inconstitucional, argumentando que fue expedido sin agotar requisitos previos como el concepto del Consejo Nacional de Carga Pública y sin la debida socialización con los actores de la cadena logística.
“Apelamos a la sensatez de la Administración del distrito de Buenaventura para que eche atrás esa medida de cobrar $4.235 por tonelada de carga”.
Santiago Castro, representante a la Cámara
Durante una sesión de control político celebrada el 15 de septiembre, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo señaló que “esto es un impuesto de carácter municipal que genera un efecto en la canasta familiar de los colombianos, que se encarece un poco más. No puede seguir ahogando al pueblo trabajador”. En respuesta, el alcalde de Buenaventura defendió la legalidad del decreto, asegurando que fue expedido en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Además, sostuvo que los recursos se destinarán a obras de infraestructura vial urbana, un argumento que fue respaldado por el presidente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Yilmar Castro, quien afirmó que hay 300.000 millones de pesos en obras pendientes y que el 95% del recaudo se invertirá en la ciudad.
Pese a esas explicaciones, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev) pidió derogar el decreto por falta de estudios técnicos de costo-beneficio, y el representante Santiago Castro solicitó la instalación de una mesa técnica que revise la medida. Analdex, por su parte, advirtió que el cobro no solo encarecerá los alimentos, sino que también podría desviar carga hacia puertos del Caribe, afectando la competitividad del país. “Este monto será asumido por la carga —no solo por el transportador— y terminará trasladándose al consumidor final”, señaló el gremio. Mientras tanto, más de 17.700 empresas de 31 departamentos que utilizan Buenaventura como su principal puerto de comercio exterior están a la espera de que el Gobierno nacional o las autoridades judiciales intervengan antes de que la tarifa entre en plena vigencia. La fecha de la noticia es el 9 de septiembre de 2026.
