El abogado Jimmy Jiménez, especialista en derecho de familia del bufete Integrity Legal, explicó en 2026 el marco legal colombiano que se activa cuando un menor es hallado en situación de abandono. Durante ese año se conocieron varios casos que reabrieron el debate sobre las sanciones a padres y cuidadores, y el abogado aclaró que el proceso combina un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con una posible investigación penal, que pueden tramitarse de manera paralela.
Jiménez precisó que el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, conocido como PARD, es la ruta inicial que activan las autoridades para verificar las condiciones del menor, su estado de salud, sus circunstancias y su contexto familiar. El objetivo es determinar si es posible reintegrarlo a su familia de origen o extensa, y solo cuando se descarta esa posibilidad se consideran otras medidas de protección. En paralelo, la Fiscalía puede abrir una investigación penal por el delito de abandono, tipificado en el artículo 127 del Código Penal, que contempla una pena de prisión de 32 a 108 meses. La sanción se agrava cuando el abandono ocurre en un sitio despoblado o solitario, y la norma aplica para menores de 12 años o personas que no puedan valerse por sí mismas.
El abandono no equivale a adopción automática
Una de las precisiones más relevantes del abogado es que hallar a un niño en situación de abandono no lo hace automáticamente adoptable. Este es un error frecuente en el imaginario colectivo, pero la ley es clara en establecer que primero se debe garantizar la protección del menor y buscar dentro de su propia familia a alguien que pueda asumir su cuidado. La adopción queda reservada como último recurso, cuando no existe ninguna posibilidad de que el niño permanezca en su núcleo familiar de origen o extenso.
«Encontrar a un niño en situación de abandono no significa que automáticamente sea adoptable. Lo primero es garantizar su protección, verificar sus derechos y buscar dentro de su familia una persona que pueda hacerse cargo de él. Solo después de este procedimiento puede determinarse su situación jurídica»
Jimmy Jiménez, abogado especialista en familia
El proceso administrativo liderado por las autoridades de protección prioriza la reintegración familiar y busca determinar qué persona o institución puede garantizar el cuidado adecuado del menor. Mientras tanto, la investigación penal contra los responsables avanza de forma independiente, pues se trata de dos esferas que no se excluyen: una busca restablecer los derechos del niño y la otra sancionar la conducta de quienes lo abandonaron. La combinación de ambos procesos permite que, mientras se define la situación jurídica del menor, los responsables puedan enfrentar consecuencias penales por sus actos, enviando un mensaje claro sobre la gravedad del abandono infantil en Colombia.
