Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se registraron 318 ataques con drones contra la fuerza pública en Colombia, lo que representa un promedio de un hecho cada 20 horas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El análisis, que documenta la creciente amenaza de estos artefactos en el conflicto armado, revela que el 95% de las agresiones fueron perpetradas por dos organizaciones: el Estado Mayor Central (EMC), con el 72% de los casos, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 23%. El resto se atribuye a grupos como los Comandos de la Frontera.
El informe de la FIP, titulado «Ataques con drones en Colombia: una amenaza en escalada», señala que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 se cometieron 716 acciones con drones. El año 2024 contabilizó 119 ataques; 2025, 277; y en lo corrido de 2026 ya se superan los 318, siendo agosto el mes más violento con 56 incidentes. La concentración geográfica es alarmante: el 71% de los casos se localiza en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Una amenaza que se sofistica
La FIP advierte que los grupos armados ilegales han convertido tecnologías comerciales de bajo costo en herramientas para vigilar, atacar y ejercer control territorial. La modalidad se consolidó después del primer ataque con dron registrado, en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, atribuido a los Comandos de la Frontera. Desde entonces, la evolución ha sido vertiginosa: se han detectado drones guiados por fibra óptica que no dependen de radiofrecuencias y no pueden ser neutralizados con inhibidores convencionales, lo que representa una preocupación central para las autoridades.
Según la FIP, los grupos habrían enviado personas a capacitarse en Venezuela y Ucrania, además de crear escuelas propias de operadores en Colombia. Entre los líderes señalados están Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, del EMC; Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN; y Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera, quien fue extraditado a Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026.
«Desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre se registraron 318 ataques con drones en Colombia, en promedio, un hecho cada 20 horas»
Informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)
El costo de la tecnología utilizada es irrisorio frente al daño que causa. Según un mensaje atribuido a alias Iván Mordisco, un dron comercial de 36 millones de pesos puede fabricarse por cerca de 6 millones. En contraste, el Estado ha destinado recursos millonarios para enfrentar la amenaza: el Ministerio de Defensa detectó cerca de 9.000 intentos de ataque en 2025 e inhibió aproximadamente el 96%. Sin embargo, la capacidad de adaptación de los grupos ilegales ha obligado a implementar proyectos como el Escudo Nacional Antidrones, valorado en 6,7 billones de pesos, cuya primera fase requiere una inversión de 1,1 billones. Además, se activó en 2025 el primer Batallón Antidrones y se restringió la entrada de partes para fabricar estos equipos a los puertos de Cartagena y Bogotá.
Impacto humano y desafíos inmediatos
El saldo de víctimas desde 2024 es devastador: 487 personas afectadas, entre ellas 55 civiles heridos y 6 muertos, así como 401 miembros de la fuerza pública heridos y 25 fallecidos. Entre los hechos más recientes, el 16 de septiembre de 2026 tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas (asociado al EMC) impactaron el radar aeronáutico 3D de Candelaria, Valle del Cauca, un proyecto valorado en más de 370.000 millones de pesos. El 5 de octubre, un dron atacó una estación de Policía en Aguachica, Cesar. En enero de 2026, el frente Carlos Patiño del EMC utilizó por primera vez drones kamikaze contra la fuerza pública en Patía, Cauca.
La FIP plantea dos prioridades inmediatas para el gobierno de Abelardo de la Espriella: llevar capacidades antidrones a unidades pequeñas y alejadas de centros urbanos, y establecer protocolos de autoprotección para comunidades expuestas. Asimismo, recomienda complementar las medidas estatales con acciones contra instructores, proveedores, redes de abastecimiento y las personas que adaptan la tecnología. El desafío es mayúsculo: los grupos armados buscan disputar al Estado el control del espacio aéreo, atacar sin exponer a sus integrantes y ampliar su capacidad operativa frente a la fuerza pública y grupos rivales. La guerra con drones ya no es una amenaza futura: es una realidad que golpea cada 20 horas en Colombia.
