La Corte Constitucional asumió la revisión de la tutela que ordenó a la excongresista María Fernanda Cabal rectificar sus declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), un caso que podría fijar nuevos límites a la libertad de expresión de los funcionarios públicos. La Sala de Selección, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, decidió estudiar el expediente a solicitud de la propia Cabal, pero la decisión no suspende los efectos de las sentencias de instancia que ya le ordenaron disculparse públicamente. La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue quien promovió la acción de tutela contra las afirmaciones de la exsenadora.
El origen de la controversia se remonta a octubre de 2025, cuando Cabal, en una entrevista con el subdirector de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, aseguró que el Estado no tuvo responsabilidad en el exterminio de la UP y le dijo a Pacheco que tenía “cemento en el cerebro”. Esas declaraciones fueron consideradas estigmatizantes por la Defensoría del Pueblo, que interpuso una tutela. En primera instancia, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá y, posteriormente, el Juzgado 58 Civil del Circuito de la misma ciudad, ordenaron a Cabal rectificar y ofrecer disculpas públicas, al concluir que sus afirmaciones no correspondían con los hechos demostrados sobre la participación de estructuras estatales en la violencia contra esa colectividad.
Un caso con implicaciones jurídicas novedosas
La selección del expediente por parte de la Corte Constitucional obedece a que el asunto plantea temas que no han sido resueltos plenamente. Según el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el caso involucra “la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos”, un aspecto que la Corte deberá analizar para determinar si las órdenes dadas a Cabal se mantienen o si, por el contrario, se revocan. El fallo de la Corte no implica que las decisiones previas pierdan vigencia; el alto tribunal puede confirmarlas, modificarlas o anularlas, y con ello fijará un precedente sobre el alcance del discurso público de quienes ocuparon o ejercen cargos estatales.
“A las víctimas e integrantes de la Unión Patriótica representadas por la Corporación Reiniciar les ofrezco la disculpa que esta orden me impone”
María Fernanda Cabal, excongresista
Tras el fallo de instancia, Cabal cumplió con la orden de disculpas en un video, pero dejó claro que no cederá en su defensa de la libertad de expresión. “Se seguir defendiendo mis convicciones por las vías constitucionales”, manifestó, anticipando su intención de acudir a todas las instancias legales para controvertir lo resuelto. La Corte Constitucional, como máxima autoridad en materia de tutela, tendrá la última palabra.
El contexto judicial y la controversia por la selección
El caso se inscribe en un escenario judicial más amplio. En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de los integrantes de la UP desde 1984. Diversas investigaciones de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado que, aunque guerrilleros de las Farc y el ELN también cometieron crímenes, los paramilitares y agentes estatales fueron los principales responsables del exterminio de esa organización política. Esos antecedentes fueron citados por los jueces de instancia para sustentar que las afirmaciones de Cabal no tenían respaldo fáctico.
La selección del expediente por la Corte Constitucional también generó polémica por una coincidencia señalada por La Silla Vacía: los magistrados Ibáñez y Camargo fueron elegidos por el Senado durante el período en el que Cabal se desempeñó como congresista, e incluso ella celebró públicamente la elección de Camargo. Esa situación ha puesto la lupa sobre la imparcialidad del proceso, aunque la revisión seguirá su curso conforme a las normas constitucionales. Mientras tanto, la decisión de la Corte se espera con atención, pues definirá si las disculpas de Cabal se mantienen o si su derecho a expresarse sin restricciones prevalece en este caso.
