El concejal de Medellín Andrés Tobón presentó una enmienda al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad para prohibir el ejercicio de la prostitución en el espacio público y frenar la expansión de establecimientos dedicados a esa actividad, una propuesta que ha generado un fuerte rechazo por parte de las organizaciones de trabajadoras sexuales, quienes advierten que la medida criminalizaría su labor y las expondría a mayores riesgos frente a las estructuras criminales que operan en la capital antioqueña.
Tobón argumenta que la prostitución en el espacio público está atravesada por la explotación sexual y comercial, y señala la presencia de grupos delincuenciales como La Terraza y Caicedo, vinculados a la organización criminal La Oficina. Sin embargo, las trabajadoras sexuales, representadas por el Sindicato Antioqueño de Trabajadoras Sexuales y la organización Sintrasexco, sostienen que la prohibición no resolverá los problemas de seguridad y, por el contrario, las persigue a ellas en lugar de desmantelar las mafias que las extorsionan.
Rechazo frontal de las organizaciones
Fidelia Suárez, presidenta y fundadora de Sintrasexco, que cuenta con cerca de dos mil afiliadas en el país, fue contundente al afirmar que la propuesta del concejal estigmatiza a las trabajadoras sexuales. «La labor sexual en Colombia es trabajo. No somos criminales ni delincuentes, somos víctimas de esas mafias que, por estar en una esquina o en un parque, nos cobran una extorsión que, si no pagamos, nos tenemos que ir o atenernos a las consecuencias», declaró a Teleantioquia Noticias. Suárez también denunció lo que considera una victimización adicional: «Esto es victimización. Nos están señalando como delincuentes ante la opinión pública, como si fuéramos un costal de basura, pero que no se olvide: no somos basura ni somos un foco infeccioso».
Por su parte, Valery Ramírez, vocera del Sindicato Antioqueño de Trabajadoras Sexuales, expresó su preocupación por el impacto de la medida en diálogo con La FM: «Nosotras no somos el problema ni somos criminales, nosotras somos las principales perjudicadas y las que estamos llevando la peor parte. Estamos atrapadas en medio de un Estado ausente y de las bandas delincuenciales a las que las autoridades no han querido o no han podido perseguir de verdad».
«La labor sexual en Colombia es trabajo. No somos criminales ni delincuentes, somos víctimas de esas mafias que, por estar en una esquina o en un parque, nos cobran una extorsión que, si no pagamos, nos tenemos que ir o atenernos a las consecuencias»
Fidelia Suárez, presidenta y fundadora de Sintrasexco
Regulación, no prohibición
Las organizaciones de trabajadoras sexuales no solo rechazan la enmienda al POT, sino que impulsan una alternativa: la regulación del oficio, diferenciándolo de delitos como la trata de personas y la explotación de menores. Para ello, han iniciado gestiones ante el Ministerio de Trabajo, sustentadas en el reconocimiento que la Corte Constitucional colombiana ha hecho del trabajo sexual como una actividad laboral lícita cuando es ejercida por adultos de manera voluntaria. Suárez aclaró, además, que el trabajo sexual no se presta en la calle sino en residencias y hoteles; la vía pública es solo el punto de contacto con los clientes.
El Sindicato Antioqueño de Trabajadoras Sexuales y la colectiva Putamente Poderosa buscan una regulación que proteja espacios laborales, garantice derechos humanos y ofrezca alternativas a quienes deseen abandonar el oficio. En esa línea, han participado en la mesa de prostitución de la Alcaldía de Medellín para exponer sus planteamientos. Las organizaciones advierten que una prohibición como la propuesta por Tobón llevaría la actividad a la clandestinidad, donde los delitos podrían cometerse con mayor facilidad, dejando a las trabajadoras aún más desprotegidas y a merced de las bandas criminales que, según denuncian, el Estado no ha logrado combatir de manera efectiva.
