El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó el viernes 9 de octubre de 2026, desde el puerto de Cartagena, un decreto expedido por el Ministerio de Transporte que actualiza el régimen de concesiones portuarias en Colombia. La medida busca facilitar inversiones en infraestructura incluso cuando los contratos estén próximos a vencer, respondiendo a una necesidad identificada desde el inicio del Gobierno: la normativa vigente no avanzó al mismo ritmo que la actividad portuaria, lo que desincentivaba obras necesarias para la modernización y afectaba la competitividad del país.
El principal cambio introducido por el decreto permite que los concesionarios presenten proyectos de inversión cuando falten cinco años o menos para el vencimiento de su contrato. De esta manera, se evita que las empresas suspendan o pospongan obras por falta de tiempo para recuperar los recursos. Como ejemplo, si una inversión requiere diez años para ser rentable pero solo quedan cuatro de concesión, ahora podrá ser evaluada por el Ministerio de Transporte. En caso de aprobarse, se reconocerá el valor residual de las inversiones no recuperadas al finalizar el contrato.
Ventaja competitiva y confianza
Durante el acto en Cartagena, el presidente De la Espriella fue enfático al señalar que “Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento”. Agregó que “los puertos tienen que convertirse en una verdadera ventaja para producir, exportar y hacer empresa desde Colombia”. El mandatario también reconoció los límites de la herramienta normativa al afirmar: “Nunca he creído en la virtud mágica de las normas, un decreto no mueve un contenedor, no construye una carretera y no hace llegar a un barco. Pero una buena norma sí puede quitar obstáculos y dar confianza”.
El decreto amplía de manera significativa el conjunto de inversiones elegibles. Ahora se incluyen accesos marítimos y fluviales, carreteras vinculadas a los puertos, conexiones ferroviarias y otras infraestructuras necesarias para la operación portuaria. Además, se crea un registro único de concesiones portuarias que servirá como base de datos para el seguimiento de solicitudes y trámites, siempre respetando la reserva aplicable.
Ambiente y continuidad del servicio
La normativa también incorpora disposiciones ambientales relevantes. Se exige la electrificación de muelles, el uso de fuentes no convencionales de energía, la aplicación de criterios de economía circular y la protección de la biodiversidad en los proyectos portuarios. Por otro lado, el decreto establece que la finalización de un contrato no debe interrumpir el servicio portuario y contempla la renovación para aquellos concesionarios que cumplan adecuadamente con sus obligaciones, garantizando así la continuidad operativa del sector.
“Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento”
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
Con esta medida, el Gobierno de De la Espriella busca que los puertos colombianos se conviertan en un motor de desarrollo para la producción, la exportación y la actividad empresarial, eliminando los obstáculos normativos que hasta ahora frenaban las inversiones necesarias en infraestructura estratégica.
