Fiscalía investiga presunto abuso sexual a mujer de 83 años en La Unión, Antioquia; prófugo

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Una mujer de 83 años fue presuntamente víctima de abuso sexual en zona rural del municipio de La Unión, Antioquia, según información confirmada por las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación. El hecho habría ocurrido el 26 de septiembre de 2024, cuando la víctima fue trasladada desde la cabecera municipal hasta un sector semirrural, donde se habría cometido la agresión. Desde ese momento, se activó el Código Fucsia, el protocolo de respuesta inmediata para casos de violencia sexual, y la mujer fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital San Roque de ese municipio.

La divulgación oficial del caso se produjo el viernes 9 de octubre, es decir, trece días después del presunto hecho, lo que generó críticas en redes sociales y por parte del Movimiento de Mujeres de La Unión, que cuestionó la demora en el pronunciamiento público de la administración municipal. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta la investigación, y el presunto agresor, que al parecer ya fue identificado, se encuentra prófugo de la justicia.

Posición de las autoridades locales

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, salió a responder a las críticas a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que aseguró que desde el primer momento se activaron todos los protocolos institucionales. “Comunidad de La Unión: como alcaldesa, como mujer, como madre, como esposa, como hija, quiero recordarles que tengo una alta sensibilidad con todo lo que pasa en lo social. Hoy, a través de las redes sociales, me parece que están desinformando, porque quiero contarles que desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”, expresó la mandataria.

«No hemos guardado silencio. Hemos sido prudentes y no queremos que se revictimice la población que es objeto de estos delitos»

Diego Esteban Patiño, secretario de Gobierno de La Unión

El secretario de Gobierno, Diego Esteban Patiño, explicó que la administración municipal no tiene competencias para capturar ni investigar penalmente, pero sí para activar las rutas de atención y acompañar a la víctima. “Su identidad, conservar sus nombres, la reserva de la información es pertinente, no solamente para garantizar los procesos judiciales y que lleguen a feliz término, sino también porque queremos que la vida de las personas afectadas continúe con la mayor tranquilidad y normalidad”, añadió Patiño, justificando la reserva de los detalles del caso.

Atención en el Hospital San Roque

El gerente del Hospital San Roque, Humberto Bernal, detalló el procedimiento seguido en el centro asistencial. “Ya habían activado el Código Fucsia, habían dado aviso a las autoridades, entonces inmediatamente también se presenta la Policía Nacional en el servicio de urgencias y por parte de la ESE se brinda toda la atención médica y psicológica. Además de esto, se realiza un reconocimiento médico-legal que fue solicitado por la Fiscalía”, manifestó Bernal. La Secretaría de Salud municipal confirmó que se aportó toda la información y material disponible a las autoridades competentes.

El Movimiento de Mujeres de La Unión, en un comunicado público, exigió a la administración local un pronunciamiento claro de rechazo frente a estos hechos. La organización señaló que “exigir un pronunciamiento público de rechazo frente a estos hechos y claridad sobre la activación de las rutas de atención no implica revelar la identidad de la víctima ni vulnerar la confidencialidad del proceso legal”. Asimismo, el movimiento recalcó que “activar las rutas en el ámbito judicial no es suficiente: la administración tiene la obligación de garantizar el acompañamiento psicológico y jurídico a la víctima y su familia, así como seguimiento efectivo”.

Mientras se esclarece lo ocurrido y se captura al responsable, el caso ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención de violencias contra las mujeres en los municipios rurales de Colombia, donde la denuncia y la respuesta institucional suelen enfrentar mayores obstáculos.

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