El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali declaró en desacato a la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y al director del SENA, Ricardo Torres Castro, por incumplir las órdenes de tutela que protegían al ciudadano Gregorio Alfredo Dajome Granja. La providencia, que les impone a cada uno tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedó sujeta a consulta ante el Tribunal Superior de Cali, que deberá revisar la sanción antes de que cobre firmeza.
El origen de esta sanción se remonta a la situación laboral de Dajome Granja, quien salió de su cargo en el marco de un concurso de méritos y reclamó una alternativa de reubicación ante las entidades del Estado. Los fallos de tutela, entre ellos la sentencia T-097 proferida el 22 de julio de 2026 y revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali, ampararon sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. Sin embargo, a pesar de los múltiples requerimientos judiciales, ni el Ministerio del Trabajo ni el SENA demostraron haber cumplido integralmente las órdenes, lo que motivó la apertura del incidente de desacato.
Un incumplimiento que compromete garantías constitucionales
En su análisis, el juzgado advirtió que la simple manifestación de voluntad de las entidades accionadas no es suficiente para considerar satisfechas las órdenes de tutela. La providencia señala que la omisión prolongada afectó las condiciones del accionante y que la protección constitucional debe materializarse con acciones concretas, no con trámites administrativos inconclusos. Por esa razón, la autoridad judicial determinó imponer el arresto y la multa a los dos funcionarios, en los términos previstos por la ley para los casos de desacato.
«Las entidades accionadas no demostraron haber cumplido integralmente las órdenes de tutela, pese a los múltiples requerimientos judiciales.»
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de las sentencias de tutela por parte de las entidades del Estado. Mientras la sanción queda en manos del Tribunal Superior de Cali para su revisión en consulta, Gregorio Alfredo Dajome Granja continúa a la espera de una solución definitiva que garantice su reubicación laboral, un derecho que, pese a estar protegido por decisión judicial, sigue sin materializarse.
