A dos meses de la tragedia del 10 de agosto, el coordinador de la reconstrucción en Caldas, Juan Felipe Jaramillo Salazar, estima que las necesidades de los 26 municipios afectados superan los $2,2 billones, sin incluir a Manizales.
La financiación y el paso de las ayudas inmediatas a las soluciones definitivas son los principales desafíos
Coordinador de la Reconstrucción en Caldas
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Dos meses después del terremoto que sacudió a Caldas el pasado 10 de agosto, la emergencia ha entrado en una nueva etapa. A la atención de las familias damnificadas y a la evaluación de los daños se suma ahora un desafío de enormes proporciones: conseguir los recursos necesarios para recuperar las viviendas, los hospitales, las instituciones educativas y la infraestructura afectada.
La magnitud económica de la tarea comienza a dimensionarse. Según las estimaciones preliminares de la coordinación departamental de la reconstrucción, las necesidades de recuperación de los 26 municipios afectados, sin incluir a Manizales, superan los $2,2 billones. Si se incorporan las necesidades de la capital caldense, el costo total podría superar los $4 billones.
Las cifras todavía deben precisarse, pero ofrecen una primera aproximación a las dimensiones de una tragedia cuya recuperación exigirá un esfuerzo financiero e institucional que trasciende las capacidades del departamento y de sus municipios.
Así lo reconoce Juan Felipe Jaramillo Salazar, coordinador de la reconstrucción en Caldas, quien, en entrevista con La Veintitrés, hizo un balance de las actuaciones adelantadas durante los dos primeros meses y expuso los principales retos de la siguiente etapa.
El funcionario resume el trabajo realizado hasta ahora en tres frentes: la atención de las familias, la cuantificación de los daños y la preparación de la reconstrucción.
La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) ya fue cerrada, según informó, mientras avanza la formulación del Plan de Acción Específico para la recuperación y reconstrucción del departamento.
Sin embargo, el propio coordinador reconoce la dimensión del desafío financiero que se avecina:
«La magnitud de los daños supera ampliamente nuestra capacidad financiera».
La afirmación pone en perspectiva el balance de estos dos meses. La atención de la emergencia ha permitido avanzar en la identificación de necesidades y en la entrega de algunas ayudas, pero la recuperación definitiva dependerá de la capacidad de convertir los diagnósticos en proyectos financiados y obras ejecutadas.
Las ayudas avanzan, pero la reconstrucción definitiva está pendiente
Durante los dos primeros meses posteriores al terremoto, la atención inmediata ha incluido subsidios de arrendamiento, apoyos económicos para vivienda temporal y recursos destinados a reparaciones menores.
De acuerdo con el balance entregado por Jaramillo, la Gobernación ha entregado más de 1.200 subsidios de arrendamiento, por un valor de $1.100 millones, en 16 municipios.
A estas ayudas se suma una asignación de $6.873 millones destinada a contribuir a una solución temporal de vivienda para 7.217 hogares damnificados.
Sin embargo, el estado de estos últimos recursos requiere una precisión importante: aunque el funcionario señala que avanzan hacia su entrega efectiva, todavía hay trámites pendientes para comenzar los giros.
De los $6.873 millones, $3.994 millones están disponibles, pero su desembolso depende de la suscripción del acta de inicio. Los otros $2.879 millones corresponden a una adición cuyos pagos podrán comenzar una vez se complete su legalización.
Por tanto, los recursos destinados a estas ayudas no deben confundirse con dinero que ya haya llegado a la totalidad de los hogares beneficiarios.
En materia de reparaciones menores, Jaramillo informó que se han ejecutado $3.500 millones mediante una estrategia de banco de materiales que comprende 19 municipios y se desarrolla en coordinación con las respectivas alcaldías.
Son actuaciones dirigidas a atender necesidades inmediatas, pero la reconstrucción definitiva supone una tarea de mayor alcance: recuperar las viviendas que no pueden ser habitadas, restablecer la infraestructura afectada y garantizar soluciones duraderas para las comunidades damnificadas.
El propio coordinador resume el cambio de etapa que enfrenta el departamento:
«El gran desafío ahora es pasar de la atención inmediata a soluciones definitivas».
La diferencia entre ambas etapas es fundamental. Mientras las ayudas de emergencia buscan aliviar necesidades urgentes, la reconstrucción requiere proyectos estructurados, presupuestos, fuentes de financiación y recursos suficientes para ejecutar las intervenciones.
Vivienda, salud y educación: las cifras que dimensionan la reconstrucción
Las cifras presentadas por la coordinación de la reconstrucción permiten dimensionar el impacto económico en algunos de los principales sectores afectados.
Solo en vivienda, las necesidades estimadas para los 26 municipios distintos de Manizales se acercan a los $500.000 millones.
En el sector de la salud, la recuperación del Hospital Santa Sofía podría requerir alrededor de $80.000 millones. A esta cifra se sumarían aproximadamente $120.000 millones para los demás hospitales y centros de salud afectados.
La infraestructura educativa también representa un componente significativo de la recuperación. La estimación preliminar para este sector se aproxima a los $350.000 millones.
Estas cantidades corresponden a estimaciones sectoriales y no agotan el conjunto de las necesidades de reconstrucción. Hay otros componentes de infraestructura y recuperación que también deben ser considerados en la evaluación global.
De ahí que la cifra consolidada para los 26 municipios, sin incluir a Manizales, supere los $2,2 billones.
Cuando se incorporan las necesidades de la capital caldense, la proyección total podría superar los $4 billones, aunque el propio Jaramillo advierte que el monto deberá precisarse con las evaluaciones correspondientes.
La dimensión de estas cifras permite comprender por qué la recuperación no puede depender exclusivamente de los presupuestos ordinarios de las administraciones locales.
El desafío exige articular recursos departamentales, financiación nacional y otras fuentes que permitan ejecutar los proyectos a medida que estén estructurados y cumplan los requisitos correspondientes.
Las cifras de la reconstrucción
- Más de $4 billones: costo total proyectado al incluir a Manizales.
- Más de $2,2 billones: necesidades estimadas para los otros 26 municipios.
- Cerca de $500.000 millones: estimación para vivienda en esos municipios.
- Alrededor de $200.000 millones: necesidades estimadas para hospitales y centros de salud, incluidos los $80.000 millones calculados para Santa Sofía.
- Cerca de $350.000 millones: estimación para infraestructura educativa.
- $48.000 millones: traslados presupuestales reportados para el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo.
- $100.000 millones: recursos de crédito contemplados en un proyecto de ordenanza.
(Las estimaciones de recuperación son preliminares y corresponden al balance entregado por el coordinador de la reconstrucción).
Caldas mueve recursos propios y busca nuevas fuentes de financiación
La Gobernación también ha adelantado gestiones para fortalecer la capacidad financiera destinada a atender la emergencia y preparar la reconstrucción.
Según Jaramillo, se realizaron traslados presupuestales por $48.000 millones para el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo.
Adicionalmente, se trabaja en la gestión de nuevas fuentes de financiación, entre ellas un proyecto de ordenanza que contempla recursos de crédito por $100.000 millones.
Se trata de dos cifras con estados diferentes: los $48.000 millones corresponden a traslados presupuestales que el funcionario reporta como adelantados, mientras que los $100.000 millones forman parte de una iniciativa de financiación que todavía debe surtir su trámite.
En consecuencia, estos últimos no pueden presentarse como recursos ya aprobados y desembolsados.
Aunque las medidas anunciadas representan esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta departamental, la comparación con las necesidades estimadas pone de manifiesto la magnitud de la tarea.
Las cifras disponibles todavía no permiten establecer cuánto del costo total de la reconstrucción cuenta con financiación asegurada ni qué proporción permanece pendiente de respaldo presupuestal.
Ese panorama confirma que la gestión de recursos será determinante para convertir los diagnósticos y proyectos en intervenciones efectivas.
El Gobierno nacional y la responsabilidad compartida
Al evaluar el acompañamiento de la Nación, el coordinador de la reconstrucción reconoce el respaldo recibido durante la emergencia.
Jaramillo destaca la expedición de 21 decretos destinados a facilitar la atención, así como el acompañamiento y la cooperación técnica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante más de un mes a partir del 10 de agosto.
También menciona los recursos destinados al apoyo económico para vivienda temporal y el anuncio de una primera asignación para el Fondo Milagro.
Frente a la inquietud sobre si Caldas ha recibido la misma atención que otras regiones, el funcionario evita establecer comparaciones y plantea que la distribución de los recursos debe responder a la magnitud de los daños y a las necesidades de cada territorio.
Su posición es que la reconstrucción debe asumirse como una responsabilidad compartida entre la Nación, el departamento y los municipios:
«La reconstrucción exige un esfuerzo conjunto entre Nación, departamento y municipios. Ninguno puede asumir solo un desafío de esta dimensión».
El coordinador también reconoce que es necesario distinguir entre la atención inmediata y la reconstrucción definitiva. Esta última exige inversiones mucho mayores, proyectos estructurados y financiación sostenida para recuperar viviendas, hospitales, colegios e infraestructura afectada.
En ese contexto, considera fundamental que las regiones conviertan las necesidades identificadas en proyectos técnicamente viables que puedan acceder a las diferentes fuentes de financiación.
Sobre esta responsabilidad regional, Jaramillo explica:
«Aquí las regiones tenemos una responsabilidad fundamental: transformar las necesidades identificadas en proyectos concretos, con estudios, presupuestos y soluciones técnicamente viables que puedan acceder a las diferentes fuentes de financiación».
Paralelamente, plantea la necesidad de contar con una estrategia financiera nacional clara, que permita conocer los recursos disponibles, los mecanismos para acceder a ellos y los plazos para ejecutar las intervenciones.
En sus palabras, se necesita:
«Una estrategia financiera nacional clara que permita conocer los recursos disponibles, los mecanismos para acceder a ellos y los plazos para ejecutar las intervenciones».
El respaldo institucional, por tanto, constituye una parte de la respuesta. El paso siguiente consiste en determinar cómo se traducirá ese acompañamiento en financiación efectiva y obras ejecutadas.
La transparencia, otro desafío de la reconstrucción
La magnitud de los recursos que deberán movilizarse plantea también la necesidad de garantizar que las inversiones respondan a las necesidades de las comunidades y puedan ser objeto de seguimiento público.
Consultado sobre el riesgo de que la reconstrucción se politice, Jaramillo afirma que debe convertirse en un propósito común, por encima de las diferencias políticas.
Según explicó, el gobernador ha insistido en la transparencia, la eficiencia en el manejo de los recursos y la prioridad para las comunidades que más lo necesitan.
El coordinador señala que las intervenciones deben definirse mediante criterios técnicos, considerando la gravedad de los daños, las necesidades de las familias y las condiciones particulares de cada municipio.
Asimismo, informó que el Plan de Acción Específico contempla mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para garantizar la trazabilidad de las inversiones y el cumplimiento de los compromisos.
Jaramillo sintetiza así el principio que, según afirma, debe orientar el proceso:
«La mejor garantía es que cada decisión tenga sustento técnico, cada peso invertido pueda verificarse y cada intervención produzca resultados para las comunidades».
La efectividad de estos mecanismos será importante a medida que los proyectos pasen a las etapas de financiación, contratación y ejecución. La publicación de información verificable sobre los recursos y los avances permitirá conocer cómo se cumplen los compromisos adquiridos durante la reconstrucción.
El balance de dos meses y lo que viene
A dos meses del terremoto, Caldas cuenta, según el balance de la coordinación departamental, con una evaluación de daños cerrada, una ruta de planificación en elaboración, ayudas de emergencia reportadas y gestiones para fortalecer los recursos destinados a la recuperación.
También tiene una estimación preliminar de la dimensión económica del desafío: más de $2,2 billones para los 26 municipios afectados, sin Manizales, y un costo que podría superar los $4 billones al incluir a la capital.
Pero entre la evaluación de los daños y la recuperación definitiva hay un camino que todavía debe recorrerse.
Será necesario completar los trámites pendientes para los apoyos económicos, estructurar los proyectos, asegurar su financiación y establecer cronogramas que permitan seguir la ejecución de las intervenciones.
La reconstrucción tendrá que avanzar, además, con mecanismos que permitan verificar el destino de los recursos y los resultados de las inversiones.
Jaramillo plantea que el proceso debe superar las diferencias políticas y convocar a todos los sectores:
«La reconstrucción de Caldas debe ser un propósito común, que convoque a todos los sectores y esté por encima de las diferencias políticas».
Las cifras presentadas por el coordinador ofrecen una primera medida del esfuerzo que requiere la recuperación de Caldas. También dejan planteada la dimensión del compromiso financiero e institucional que deberán asumir los distintos niveles de gobierno.
Dos meses después de la tragedia, la atención de la emergencia sigue siendo necesaria. Pero el desafío que comienza a ocupar el centro de la agenda es otro: conseguir los recursos y ejecutar las soluciones que permitan a las familias, las instituciones y los municipios recuperar lo perdido.
La reconstrucción de Caldas entra así en una etapa decisiva. Su avance dependerá de la capacidad de transformar las necesidades identificadas en proyectos financiados, obras ejecutadas y resultados verificables para las comunidades.
Fotos: Archivo La Veintitrés
