La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Carlos Alberto Sánchez Arango, exdirector del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., y contra Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, exsubdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021, por presuntas irregularidades en la operación de un avión ambulancia utilizado para el traslado de pacientes. La decisión fue anunciada el 10 de octubre y vincula a los tres funcionarios con posibles fallas en la dirección, administración, control, supervisión y uso de la aeronave de matrícula HK-5118, propiedad del departamento de Arauca.
El avión ambulancia tenía como función trasladar a pacientes remitidos por el Hospital San Vicente de Arauca hacia centros asistenciales de mediana y alta complejidad en otras regiones del país, un servicio necesario cuando la institución de origen no cuenta con la capacidad técnica o especializada para atender determinados casos clínicos. La investigación se centra en establecer si los responsables cumplieron con sus deberes de administración, control y supervisión contractual durante las vigencias 2024 y 2025, y si los vuelos reportados coinciden con la documentación del convenio y con los pagos efectuados.
Revisión documental y alcance de la investigación
Las autoridades realizarán una revisión exhaustiva de la documentación del convenio, incluyendo informes de supervisión, facturación, registros de vuelos, pagos, pólizas, garantías y modificaciones contractuales. Para ello, la Procuraduría ordenó al Hospital y a otras entidades entregar los documentos relacionados con el convenio y con el uso de la aeronave. La actuación no representa una declaración de responsabilidad, sino el inicio de una etapa para recaudar información y determinar si existen faltas disciplinarias.
Hasta el momento, el ente de control no ha detallado el número de vuelos que serán revisados ni el valor de los recursos vinculados al convenio, como tampoco ha informado sobre un plazo específico para concluir la etapa probatoria. Los tres investigados deberán responder dentro del proceso disciplinario por sus funciones en la dirección y supervisión del convenio, mientras se evalúa si se vulneraron principios como la transparencia, la igualdad, la publicidad, la selección objetiva y el debido proceso en el marco de esta contratación.
Este caso se suma a otras actuaciones disciplinarias que adelanta el Ministerio Público en la región, en las que se ha puesto especial atención a la gestión de los recursos destinados a la salud y al cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal en el sector.
