En una denuncia que sacude los cimientos de la Fiscalía General de la Nación, la fiscal Paola Andrea Londoño reveló que la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, presunto líder de una red de contrabando que operó durante más de treinta años en Colombia, se frenó abruptamente tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección del ente acusador. Según Londoño, quien estuvo menos de seis meses al frente del expediente, su salida del caso, el desvío de pruebas y las presiones ejercidas por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, para reunirse con ella, configuran un entramado de obstrucción a la justicia que habría favorecido al poderoso empresario aduanero, quien hasta antes de esta investigación no registraba sanciones ni procesos en la Dian.
La fiscal, actualmente asignada al despacho de Paloquemao en Bogotá para repartir denuncias, detalló que la reorganización interna ordenada por Camargo la apartó del caso y entregó el expediente a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales descrita por Londoño como “amiga cercana” de la directora contra la corrupción. Este traslado no se realizó mediante un reparto aleatorio, sino que, según la denuncia, la propia directora llamó a Aponte delante de Londoño para asignarle el proceso, argumentando que “era muy preparada para llevar este tipo de procesos”. La investigación, que había circulado por varios despachos de la Fiscalía durante más de cinco años sin avances significativos, logró en manos de Londoño resultados contundentes en menos de seis meses.
Los logros que incomodaron a altas esferas
En ese breve período, la fiscal consiguió las capturas de alias El Bendecido y otros socios de la red, obtuvo una orden de captura internacional contra Marín Buitrago, gestionó una circular roja de la Interpol y adelantó el trámite de extradición. “Con la investigación y los resultados en cabeza de la fiscal Londoño, el país conoció quién era Papá Pitufo”, afirmó la propia fiscal al referirse a los avances que, según ella, “incomodaron a muchas personas, en la misma entidad, en la Fiscalía, y estamos hablando de personas del Gobierno, para ese momento el anterior”. Estos logros le valieron condecoraciones junto con los investigadores, pero también desencadenaron una serie de presiones y amenazas que, denuncia Londoño, buscaron frenar el proceso.
Uno de los episodios más alarmantes ocurrió cuando la hija de la fiscal fue retenida por aproximadamente una hora por dos hombres en el sector de Galerías, en Bogotá. La joven llamó a su madre asustada y uno de los captores le arrebató el teléfono para decirle: “Usted es la fiscal del caso Papá Pitufo”. Este hecho, que Londoño interpreta como una intimidación directa, se suma a otras irregularidades que denunció formalmente ante la fiscal general Camargo mediante informes sobre “todas las cosas irregulares” observadas en el séptimo piso del edificio antiguo DAS, donde funcionaban los despachos del caso.
“Yo di unas órdenes a la policía judicial, entre ellos un informe de la Uiaf, pero el informe nunca llegó. Me dicen que efectivamente el informe llegó directamente, no sé si al ministro de Defensa o a Presidencia, no lo sé, pero el informe llegó a Presidencia, llegó allá, nunca llegó al despacho y fuimos nosotros quienes lo solicitamos”.
Paola Andrea Londoño, fiscal
La fiscal también reveló que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, intentó presionarla para obtener información privilegiada. “Cuando yo hago las capturas, empieza el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a mandarme razones, de que me reuniera con él, que por favor me reuniera con él, con insistencia. Me mandaba razones con funcionarios de la Policía; yo nunca accedí. En algún momento me dijo que me reuniera con él en su casa para desayunar”, declaró Londoño, quien siempre se negó a esos encuentros.
Un expediente que lleva más de cinco años sin rumbo
La denuncia de Londoño pone de relieve el tortuoso camino de una investigación que, antes de llegar a sus manos, había estado dando vueltas por distintos despachos de la Fiscalía durante más de cinco años sin que se produjeran avances significativos. Con su salida del expediente, el caso fue entregado a Nancy Carolina Aponte, una funcionaria de delitos fiscales que, según Londoño, carecía de la experiencia necesaria para un proceso de esta complejidad. Aponte, actualmente a cargo del caso, enfrenta el reto de retomar una investigación que ya había logrado resultados concretos pero que, según la denunciante, fue deliberadamente frenada.
Las consecuencias no solo recayeron sobre la fiscal. Tras su relevo, los investigadores de la Dijín que trabajaron en el caso sufrieron retiros, traslados, amenazas y denuncias, incluido el director del grupo anticorrupción. Para 2024 se adelantaban dos procesos contra Marín Buitrago y la Fiscalía intentaba unificar las investigaciones, pero la sombra de las presiones y las irregularidades persiste. Londoño, que ahora reparte denuncias en Paloquemao, lanzó una reflexión final que resuena como un llamado de atención: “Pasan muchas cosas irregulares. ¿Cuál es esa expectativa que tiene la sociedad de que se haga justicia si pasan estas situaciones? Eso es muy triste”. Mientras tanto, el expediente duerme en manos de Aponte y la pregunta de si la justicia llegará para alias Papá Pitufo sigue sin respuesta.
