Las recientes declaraciones de la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, Eva Ferrer, contra la ex primera dama Verónica Alcocer, han sacudido el escenario político colombiano. Ferrer acusó a Alcocer de presuntamente encabezar una organización ilegal dedicada al tráfico de drogas, armas y dinero, con operaciones entre Venezuela y Colombia, lo que ha provocado que varios congresistas soliciten formalmente a las autoridades nacionales e internacionales que se investiguen a fondo estas graves denuncias. La exfuncionaria aseguró que la ex primera dama habría trasladado desde Venezuela a Colombia unos 2,5 millones de dólares, además de mencionar aportes irregulares por más de 50.000 euros atribuidos a un personaje conocido como «Papá Pitu» y más de 250.000 euros que, según Ferrer, habría aportado Euclides Torres para un proyecto político.
Las acusaciones, divulgadas a través de la Revista Semana, carecen hasta el momento de soporte documental, fotografías o versiones de testigos, pues provienen exclusivamente del testimonio de Ferrer. Sin embargo, la gravedad de las imputaciones ha generado una ola de reacciones en el Congreso. El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, pidió que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia actúen, solicitando también que se conozcan los registros de las instituciones mencionadas y se adopten medidas para proteger a quienes puedan declarar. Por su parte, el senador Germán Rodríguez aseguró que las acusaciones deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias y reveló que Ferrer está «asustada por su vida», solicitando protección para ella.
Investigación solicitada a nivel nacional e internacional
En un llamado contundente, Simón Molina declaró: «Quiero pedirle a las autoridades de Colombia, Estados Unidos y los demás países involucrados que se investigue a fondo estas graves denuncias». Esta solicitud se extiende a las autoridades estadounidenses, pues la ex primera dama y el presidente Petro aparecen en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según mencionó el representante Daniel Briceño. Germán Rodríguez, senador de la República, también enfatizó que las denuncias deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias, al tiempo que pidió protección para Ferrer por el riesgo que enfrentaría. El senador señaló que Ferrer habría mencionado aportes irregulares para la campaña presidencial de 2022 y entregas de dinero a Alcocer, lo que eleva la complejidad del caso.
Reacciones políticas y cruce de acusaciones
Las denuncias reactivaron el cruce político entre sectores oficialistas y opositores. El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó el silencio del Pacto Histórico frente a estas acusaciones y comparó la situación con el viaje de la actual primera dama, Ana Lucía Pineda, a París, pagado con recursos propios: «En el @PactoCol están indignados porque la primera dama Ana Lucía viajó a París con recursos propios, pero andan callados ante las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer de lavado de activos y tráfico de drogas y de armas». El coronel Guillermo Blanco también estableció un contraste: «Una cosa es viajar a París con dinero propio y otra muy distinta es enfrentar acusaciones de narcotráfico con presunto uso de recursos públicos».
«Petro ayudaba a los grandes narcos de Colombia con la «paz total», mientras que Verónica Alcocer llevaba droga a Venezuela en aviones oficiales, según Eva Ferrer. Aun así, hay gente en la izquierda que todavía llora porque Petro y Verónica están en la lista de la Ofac»
Daniel Briceño, representante a la Cámara
El representante Briceño fue aún más contundente al afirmar que «en la Casa de Nariño no solo operaba un cartel de corrupción sino también un cartel de la droga». La excandidata presidencial María Fernanda Cabal también calificó las denuncias de graves y se sumó a los reclamos para que se esclarezcan los hechos. Las acusaciones de Ferrer elevan la presión sobre las autoridades colombianas, que ahora deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales. Mientras tanto, el debate político se intensifica, con el oficialismo tratando de minimizar las afirmaciones sin pruebas, mientras la oposición exige respuestas y transparencia en un caso que podría tener implicaciones internacionales.
