En la tarde del 9 de octubre de 2026, durante un recorrido de vigilancia de la guardia indígena por la vereda 20 de Julio del municipio de Caldono, Cauca, las autoridades tradicionales detectaron la presencia de presuntos integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos, una disidencia de las Farc, lo que activó de inmediato los protocolos de control comunitario. La Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab, que agrupa a los resguardos La Laguna Siberia, Las Mercedes, Pueblo Nuevo, San Lorenzo de Caldono, Pioya y La San Aguada San Antonio, emitió un comunicado en el que denunció el hecho y señaló que la guardia indígena de Sa’th Tama Kiwe procedió a la retención de varios vehículos como parte de las medidas de seguridad establecidas en la Resolución 003 de 2024, que prohíbe los recorridos de grupos armados dentro del territorio ancestral, sus vías y centros poblados.
Entre los vehículos incautados se contabilizan dos camionetas Toyota de color blanco, un Nissan 4×4 y dos motocicletas de alto cilindraje, cuya legalidad será revisada antes de definir si se entregan a las autoridades judiciales. La Asociación de Cabildos responsabilizó directamente al grupo Dagoberto Ramos por cualquier hostigamiento, amenaza o agresión que pudiera presentarse contra las autoridades tradicionales, la guardia indígena y los pobladores, y exigió la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional y demás organismos de derechos humanos para garantizar la seguridad en la zona.
Gobierno condiciona recursos al CRIC y advierte sobre protesta
En un escenario paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Bogotá una revisión exhaustiva de los $1,13 billones que el Estado ha transferido al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el marco de planes acordados. “Peso por peso vamos a revisar”, afirmó el mandatario, quien diferenció claramente entre los pueblos indígenas y la organización que los representa: “Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el CRIC”. La decisión se produce en vísperas de la movilización denominada “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”, convocada por el CRIC entre el 11 y el 14 de octubre, y frente a la cual el presidente fue tajante al advertir que el Gobierno no negociará bajo presión, amenazas ni vías de hecho.
“Estos controles se realizan en cumplimiento de la Resolución 003 de 2024, mediante la cual se orienta la prohibición de recorridos de grupos armados dentro del territorio ancestral, sus vías y centros poblados”.
Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab, comunicado oficial
El Gobierno nacional también advirtió que no permitirá bloqueos, daños a la infraestructura ni agresiones durante la jornada de protesta, mientras que las autoridades indígenas de Caldono se mantienen en alerta máxima. La denuncia, suscrita por los seis resguardos indígenas, subraya que la presencia armada en la vereda 20 de Julio constituye un riesgo inminente de violencia contra los habitantes y una afectación directa a la autonomía territorial. El presidente De la Espriella no especificó qué entidad llevará a cabo la auditoría de los recursos ni cuándo se conocerán los resultados, pero la decisión ya genera expectativas en el Cauca, donde la tensión entre la movilización social y la respuesta gubernamental se intensifica.
