El Gobierno nacional denunció que la explotación ilegal de oro en el Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, municipio de Nóvita (Chocó), habría financiado campañas políticas de 2026 y advirtió que ese mismo esquema podría repetirse en las elecciones regionales de 2027. La hipótesis fue puesta en manos de la Fiscalía General de la Nación por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien además anunció la creación de un estatuto contra la minería criminal. La denuncia se conoció el domingo 11 de octubre, luego de que el funcionario sobrevolara la zona en un helicóptero MI-17, en un operativo que dejó en evidencia la magnitud de la extracción ilícita en esa región del Pacífico colombiano.
Desde el aire se contabilizaron más de 100 retroexcavadoras operando sin permisos ambientales ni títulos mineros, en un paisaje de devastación que incluye terrenos abiertos a pala, ríos desviados, extensas áreas de tierra removida y campamentos que las autoridades atribuyen a estructuras armadas. También se detectó el uso de documentos falsos y de productos químicos para el beneficio del oro, lo que refuerza la tesis oficial de que se trata de una operación de gran escala, articulada con economías ilícitas y grupos al margen de la ley.
La tesis del Gobierno: minería criminal como financiadora de violencia y política
El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, fue el encargado de difundir los detalles del hallazgo y de profundizar en la advertencia sobre el vínculo entre la minería ilegal y la contienda electoral. Según la interpretación oficial, la gran minería criminal no solo destroza los ecosistemas, sino que alimenta estructuras armadas que a su vez buscan incidir en los procesos democráticos regionales. En ese sentido, la denuncia presentada ante la Fiscalía no se limita a un caso ambiental, sino que apunta a una posible financiación de campañas políticas con rentas obtenidas de manera ilegal, aunque hasta el momento no se han revelado nombres de candidatos, partidos o movimientos presuntamente beneficiados.
«La gran minería criminal no es una simple infracción ambiental: es una caja de guerra y terror que destruye ríos, desvía recursos y financia la violencia».
Presidencia de la República, publicación en X @infopresidencia
La postura del Ejecutivo busca diferenciar claramente entre quienes operan dentro del marco legal y quienes han convertido la extracción de oro en un negocio criminal. En palabras de Miller Soto, el minero formal no es el enemigo, sino aquellos que invaden territorios, utilizan grupos armados como porteros y pretenden lavar campañas políticas con oro extraído de predios ajenos. Esa distinción es clave para el estatuto anunciado por el ministro Lara, que será presentado ante el Consejo de Política Criminal con el propósito de tratar la minería ilegal no como una simple infracción administrativa o ambiental, sino como una actividad directamente vinculada a la financiación de grupos armados, la extorsión y el narcotráfico.
«El minero formal no es el enemigo. El enemigo es el que invade, el que pone el clan de portero y el que lava campaña con oro de predio ajeno».
Miller Soto, vocero del Gobierno nacional
Operativos recientes y el difícil contexto del Chocó
La denuncia se produce en medio de una crisis humanitaria que golpea al departamento del Chocó, agravada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que se suma a la violencia, el desplazamiento forzado y la explotación ilegal de recursos, una situación sobre la que la Defensoría del Pueblo ya había llamado la atención. En este escenario, el Gobierno ha puesto en marcha operaciones dirigidas a golpear las finanzas de los grupos armados, como el desmantelamiento de dos centros de producción minera en Chaparral (Tolima), atribuidos a la Comisión Jerónimo Galeano, que tenían capacidad para extraer unos 6.000 gramos de oro al mes, equivalentes a aproximadamente 2.880 millones de pesos. De igual forma, en Yuto (Chocó), cuatro excavadoras fueron inutilizadas en un procedimiento que las autoridades vinculan a una subestructura del Clan del Golfo.
Aunque no hay una fecha oficial para la radicación del estatuto contra la minería criminal ni un calendario legislativo definido, el anuncio pone en agenda un debate que históricamente ha sido esquivado por la clase política: el de las economías ilícitas como motor de la violencia y su posible infiltración en los procesos electorales. La hipótesis está por verificar, pero el Gobierno insiste en que la evidencia recogida en el sobrevuelo es contundente: hay más de cien máquinas operando en la selva chocoana, ríos desviados y campamentos armados, una maquinaria de guerra y extracción que, según las autoridades, no actúa sola, sino que se sostiene en redes de financiación que ahora deberá investigar la Fiscalía.
