El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó a través de sus redes sociales la captura de Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y señalado como uno de los principales socios de Alex Saab, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en el país norteamericano por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. La detención fue ejecutada por las fuerzas del orden del grupo de trabajo especial conocido como @HSTaskForce, y las acusaciones corresponden a la Corte del Distrito Sur de Florida, con cargos presentados en 2019 y 2021.
Según el anuncio oficial del fiscal Blanche, Pulido Vargas permanecía detenido en Venezuela desde abril de 2023, cuando fue capturado en Caracas durante la operación anticorrupción denominada «Pdvsa-Cripto», que investigó la venta ilegal de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela. No obstante, la notificación reciente por parte de las autoridades estadounidenses confirma que ahora está bajo custodia de las fuerzas federales de ese país para responder por los cargos en su contra. Las investigaciones señalan que el empresario colombiano habría participado en presuntas operaciones financieras ilícitas que incluyen la canalización de más de 350 millones de dólares a través de empresas fachada con operaciones en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como el uso de facturas ficticias y documentos adulterados para ocultar el origen de los fondos.
Esquemas de corrupción y programas gubernamentales
Las acusaciones federales implican a Pulido Vargas en presuntos pagos ilícitos a funcionarios venezolanos y en la corrupción de programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda a la población venezolana. De acuerdo con la información oficial, desde 2016 las empresas vinculadas a Saab y Pulido habrían obtenido contratos exclusivos para la importación y distribución de alimentos de la canasta básica, incluido el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con alimentos importados desde Colombia y México. Los fondos habrían sido trasladados a cuentas bancarias estadounidenses, y entre las compañías señaladas se encuentra Good Central Hong Kong Limited, que habría sido beneficiada con la compra de dólares a tasas preferenciales.
La investigación también abarca contratos estatales por más de 20 millones de dólares con la empresa Suvinca para el suministro de materiales, específicamente destinados a la construcción de un polideportivo en el estado Vargas. La DEA comenzó a seguir las operaciones de este entramado financiero desde 2013, y las pesquisas se extendieron para incluir contratos de alimentos y petróleo. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido habían impuesto sanciones por corrupción contra estos empresarios, con el congelamiento de activos por parte del gobierno británico en 2021.
«Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo»
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos
En Venezuela, la Fiscalía ya le había imputado cargos por corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir dentro del marco de las investigaciones que alcanzaron al exministro de Petróleo Tareck El Aissami. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras este caso sigue sumando capítulos a la compleja red de corrupción transnacional que involucra al régimen de Maduro y a sus testaferros internacionales.
