La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Nacional implementar un plan de protección integral para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sus familias, después de que dos dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla, resultaran heridos en un ataque armado cuando salían de su turno. Las víctimas fueron identificadas como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes se convirtieron en el más reciente episodio de una cadena de agresiones que, según el organismo de derechos humanos, busca intimidar a las autoridades para condicionar sus decisiones.
En un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre, la entidad advirtió que los hechos no son aislados y que hacen parte de una continuidad de violencia contra servidores penitenciarios que se viene registrando desde 2024. En lo corrido de 2025, se han presentado atentados contra funcionarios del Inpec en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva, a lo que se suma el asesinato del director de la Cárcel Modelo de Bogotá en mayo del año pasado. Este panorama, señaló la Defensoría, evidencia un riesgo creciente que exige una respuesta estatal coordinada y preventiva.
Llamado a la acción coordinada
El organismo defensorial pidió que el plan de protección cuente con la participación del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades territoriales. La propuesta incluye evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad dentro y fuera de los centros carcelarios, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicológico y jurídico para los afectados. Además, la protección deberá extenderse a los familiares de los funcionarios, tal como lo solicitó la entidad en su comunicado, en el que también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con celeridad en las investigaciones por el ataque en Barranquilla.
«Las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades»,
Defensoría del Pueblo
La Defensoría insistió en que las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control de las cárceles, como los traslados de personas privadas de la libertad para reforzar la vigilancia, son necesarias, pero también pueden generar riesgos que deben anticiparse. En ese sentido, subrayó que estas acciones son indispensables para impedir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios se sigan cometiendo actos ilegales, por lo que propuso evaluar las condiciones de los centros receptores y garantizar los derechos de los internos durante el proceso.
«Son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales»,
Defensoría del Pueblo
Frente a la circulación de un panfleto intimidante que ha sido mencionado en el contexto de estas agresiones, la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía verificar su autenticidad y judicializar a los responsables. El organismo también instó a fortalecer el plan de seguridad penitenciaria y a analizar los riesgos asociados a los traslados de internos, con el fin de evitar que nuevos ataques contra servidores públicos se sigan presentando en distintas regiones del país.
