El representante a la Cámara por el Huila y miembro de Cambio Radical, Julio César Triana, radicó un proyecto de ley estatutaria que busca eliminar la excepción legal que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña aunque no alcancen el umbral electoral. La iniciativa apunta específicamente a derogar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-490 de 2011, y que hoy genera un tratamiento diferenciado frente a los demás cargos de elección popular. La propuesta llega al Congreso en medio del escrutinio público sobre los gastos declarados por los aspirantes a la Presidencia en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, donde varios candidatos recibieron anticipos superiores a los 4.000 millones de pesos sin cumplir las condiciones electorales mínimas.
De acuerdo con la información que ha trascendido en las revisiones de los gastos de campaña, al menos cuatro candidatos presidenciales recibieron cuantiosos recursos del erario sin haber alcanzado el umbral requerido. Sondra Macollins, Santiago Botero, Mauricio Lizcano y Claudia López recibieron anticipos que oscilan entre 4.000 y 4.500 millones de pesos. El caso más polémico es el de Santiago Botero, quien obtuvo un giro de 4.500 millones de pesos el 22 de mayo de 2026, apenas nueve días antes de la primera vuelta, y gastó la totalidad de ese dinero en ese corto período, cuando la ley ya prohíbe hacer campaña abiertamente. Botero, cuyo aval provino del Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, había afirmado contar con más de 70.000 millones de pesos para financiar su aspiración. En contraste, el único de los mencionados que sí superó el umbral electoral fue Sergio Fajardo, quien recibió un anticipo de 4.067 millones de pesos y cuyos gastos no han generado reparos.
Un «mico» que pone en riesgo los recursos públicos
Triana calificó la excepción como un «mico» legal que ha permitido que importantes sumas del erario queden sin posibilidad de recuperación. «En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción», declaró el representante, quien añadió que «no es razonable que, mientras que en el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario». El congresista subrayó que su proyecto se fundamenta en los criterios establecidos por la Corte Constitucional en 2011, y busca que «los recursos de los colombianos no puedan quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control». En sus palabras, «hay que eliminar este mico con un proyecto de ley estatutaria que atienda los criterios de la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Los recursos sagrados de la ciudadanía no pueden seguir siendo botín de campañas fallidas».
«En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción»
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical
La iniciativa de Triana se suma a los esfuerzos del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien mantiene una propuesta para eliminar los anticipos en las consultas interpartidistas. Cadavid respaldó el camino que está tomando el Congreso al afirmar que «los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas. Este es apenas el comienzo. Tenemos la decisión de acabar con los abusos en la política». Ambas propuestas, que podrían derivar en una ley estatutaria, serán debatidas en el Congreso en los próximos meses, en un ambiente de creciente exigencia ciudadana por mayor transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos en las campañas electorales.
