Este lunes se dio inicio formal a la negociación del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2027, con la instalación de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl). La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, fue la encargada de convocar y presidir este encuentro, en el que participaron representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. Durante la sesión, la ministra anunció que una segunda reunión ha sido programada para el martes 13 de octubre, con el fin de continuar con el análisis de las propuestas. En el ínterin, se instalará una mesa técnica y jurídica que evaluará los comentarios y observaciones presentados por los diferentes sectores.
En su intervención, la ministra López Fuentes destacó la importancia del diálogo como herramienta para construir acuerdos, señalando que «el diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias». Agregó que se buscan «decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores». La funcionaria también hizo un llamado a la confianza, afirmando que «una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras». El proceso de concertación se enmarca en lo dispuesto por la Ley 278 de 1996, que establece la obligación de considerar criterios como el IPC efectivo, el crecimiento del PIB, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la meta de inflación para el año siguiente.
Cifras y proyecciones en la mesa de negociación
El debate se da en un contexto en el que, según el Dane, cerca de 2,4 millones de trabajadores en Colombia devengan un salario mínimo. El incremento decretado para 2026 fue del 23,7%, un ajuste que el Gobierno definió bajo el concepto de «salario vital». Para 2027, las proyecciones son variadas. La firma Alegra, por ejemplo, plantea un rango de incremento que va entre el 6,29% y el 10%, aunque la empresa fue enfática en aclarar que «el 6,29% no debe interpretarse como el incremento obligatorio del salario mínimo de 2027», y que «la cifra definitiva dependerá de información adicional y del proceso de concertación». Este 6,29% corresponde a la inflación registrada a septiembre de 2026.
Desde el lado de los gremios empresariales, las propuestas se ubican entre un 8% y un 9,5%. Por su parte, la consultora BDO, asumiendo un crecimiento de la productividad de entre 0,5% y 1%, calcula que el incremento estaría entre el 7,4% y el 7,9%. La inflación anual se mantiene por encima del 6%, con una proyección del Banco de la República de un 6,9% al cierre de 2026, mientras que la meta de inflación del Emisor es del 3%. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en $1.750.905; con un aumento del 6,29%, la cifra se acercaría a los $1.861.037, sin incluir el auxilio de transporte.
Voces y desafíos en el camino de la concertación
Los gremios consideran que el ajuste para 2027 debe responder principalmente a la inflación y a la productividad. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) anticipó que los datos de productividad se divulgarían a finales de noviembre, mientras que los de inflación se conocerían a comienzos de diciembre. La misma entidad advierte sobre una posible compresión salarial y la creación de ocupaciones informales, efectos que atribuye al fuerte incremento de 2026, además de las presiones fiscales que este generó.
«El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores»
Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo
El Gobierno, en cabeza de Abelardo de la Espriella, ha propuesto aliviar la carga de las empresas que generan empleo mediante la reducción de impuestos, y no recortando el salario mínimo. De la Espriella ha sostenido que la respuesta a los desafíos laborales no debe consistir en deteriorar el salario mínimo. Paralelamente a la discusión salarial, la agenda de la mesa laboral incluye temas como la regulación de plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la negociación colectiva y la inspección laboral, entre otros. Alegra, por su parte, reiteró que sus escenarios sirven para anticipar costos de nómina y no representan ofertas formales.
