La Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, lo que mantiene en firme la condena de 28 años de prisión impuesta en su contra. El expediente será remitido ahora a la Corte Constitucional, donde se decidirá si el caso es seleccionado para una eventual revisión de fondo. La providencia, identificada con el número STC19112-2026, fue proferida por la Sala Civil del alto tribunal el 30 de septiembre de 2026, y su decisión fue anunciada a la opinión pública en los días posteriores.
De acuerdo con el abogado defensor Luis Felipe Henao, la tutela no pretendía reabrir el debate probatorio ni cuestionar la competencia de la Sala de Casación Penal, sino que buscaba analizar una dimensión estrictamente constitucional relacionada con la negativa a estudiar el recurso de casación. El apoderado judicial explicó que el centro de la controversia es determinar si resulta constitucionalmente admisible rechazar de plano ese recurso antes de presentar la demanda, lo cual, en su lectura, compromete garantías fundamentales como la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
La defensa insiste en el debate constitucional
Tras conocer el fallo desfavorable, Henao manifestó que, aunque la decisión de la Sala Civil no acogió las pretensiones de su representado, esto no significa que el debate constitucional esté agotado. En declaraciones citadas por Blu Radio, el jurista afirmó que el planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Además, aseguró que las actuaciones adelantadas en la defensa de Santiago Uribe se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición.
«Aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto»
Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez
El envió del expediente a la Corte Constitucional no implica, de ninguna manera, que el caso vaya a ser estudiado en su mérito. La Corte deberá primero decidir si selecciona la tutela dentro de su proceso de revisión, un paso que no tiene una fecha establecida. Mientras tanto, la condena a 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez permanece plenamente vigente hasta que exista una nueva decisión judicial en contrario. En medio de la controversia, el abogado Henao reiteró que su representado mantiene un profundo respeto por los jueces y sus determinaciones, y que el uso de la tutela constituye un mecanismo legítimo dentro del ordenamiento jurídico, no una maniobra para desconocer decisiones previas.
A la espera del proceso de selección
La controversia jurídica se centra ahora en si la Corte Constitucional decide seleccionar el expediente y, de hacerlo, si se pronuncia sobre el alcance de las garantías de doble conformidad, debido proceso y acceso a la justicia en casos de rechazo de plano del recurso de casación. La decisión de la Sala Civil no agota el debate constitucional según la defensa, que insiste en la legitimidad de haber acudido a este mecanismo extraordinario. Por ahora, el caso queda en manos del alto tribunal constitucional, que deberá determinar si revisa o no una de las condenas más relevantes de los últimos años en la vida judicial colombiana.
