Una fuga masiva de 41 personas privadas de la libertad sacude a Santa Marta desde la madrugada del domingo 11 de octubre de 2026, cuando un grupo de internos del Centro de Traslado por Protección (CTP) de esa ciudad capital del Magdalena protagonizó una evasión colectiva que ya provocó la salida del comandante de la Policía Metropolitana y encendió las alarmas por la crisis de seguridad en la región. El hecho, ocurrido en medio de un paro armado de la estructura criminal Los Pachenca (Acsn) tras el bombardeo en el que fue abatido su cabecilla, José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, desató una ola de críticas contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, incluida la del expresidente Gustavo Petro, quien la noche del lunes 12 de octubre lanzó duros señalamientos contra la administración por su gestión en materia de orden público y por las fallas que permitieron la fuga.
Las autoridades identificaron plenamente a los 41 evadidos y ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita recapturar a los dos prófugos con prioridad: Mario Alejandro Méndez Aguilar, alias Mongolo, y Yojan Amauris Cujia Orozco, conocido como alias El Guajiro o Johan. Alias Mongolo, señalado como presunto cabecilla de Los Pachenca y uno de los ordenantes de la quema de vehículos e intimidaciones en la Troncal del Caribe, había sido capturado apenas el 6 de octubre en un puesto de control y registraba más de 21 años en la estructura criminal y más de seis anotaciones judiciales, además de ser considerado un presunto informante de alias Pinocho sobre los movimientos de la fuerza pública. Alias El Guajiro, por su parte, fue detenido el 7 de octubre e imputado por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas; un juez le había impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario y es investigado por el asesinato del patrullero Milton Salas Rodríguez. Su captura se produjo tan solo un día después de la de su compañero de estructura, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad de los dos recapturados prioritarios.
Contexto de violencia y paro armado
La evasión en el CTP de Santa Marta no es un hecho aislado. Se produce en un clima de extrema tensión en la ciudad costera, golpeada por un paro armado declarado por Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo en un bombardeo militar, situación que afectó la movilidad en la Troncal del Caribe y sembró el miedo entre los habitantes. En ese escenario, la fuga de los 41 presos se convirtió en el tercer episodio de evasión colectiva en Santa Marta durante 2026, y sumando los tres incidentes, las autoridades contabilizan un total de 100 personas fugadas en lo que va del año, una cifra que refleja el grave deterioro del sistema de detención transitoria y la capacidad de respuesta de la delincuencia organizada.
La reacción del expresidente Gustavo Petro no se hizo esperar. En un mensaje publicado en su cuenta de X la noche del lunes, Petro cuestionó con dureza las políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella en tres frentes: la muerte de un joven civil campesino, la suspensión del proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, que el mandatario calificó de no viable, y ahora la fuga masiva de reclusos. “El gobierno mató un joven civil campesino, le quitó la posibilidad del agua potable a Santa Marta y ahora deja escapar 41 presos de la cárcel en Santa Marta”, escribió el exjefe de Estado, quien además lanzó una pregunta con tono desafiante hacia la administración local: “¿Samarios y samarias, quién va perdiendo?”.
Las voces críticas también llegaron desde el Congreso. El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz fue contundente al señalar directamente al presidente De la Espriella por la crisis de seguridad en la capital del Magdalena. “Abelardo de la Espriella tiene que darle la cara a la seguridad en Santa Marta. Hace dos semanas fue a Santa Marta con pistola en el cinto y mucho show, y lo único que logró fue afectar el turismo en la ciudad. Hoy él mismo anunció la fuga de 41 personas detenidas por los delitos de hurto y microtráfico del centro de detención en Santa Marta”, manifestó el congresista, quien además reclamó acciones concretas frente al recrudecimiento de la inseguridad. “La inseguridad recrudece. Necesitamos acciones concretas que le den tranquilidad a los samarios y no acciones irresponsables que desafíen a los delincuentes”, agregó, para cerrar con un llamado directo: “Abelardo de la Espriella, póngase serio. Deje de culpar a otros por lo que es su falta de seriedad en el manejo de la seguridad de Santa Marta, del Magdalena y de todo el país”.
“El gobierno mató un joven civil campesino, le quitó la posibilidad del agua potable a Santa Marta y ahora deja escapar 41 presos de la cárcel en Santa Marta”.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Como respuesta inmediata a la fuga, el presidente De la Espriella anunció un cambio en la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El coronel Yeison López fue relevado del cargo tras el incidente, y en su reemplazo fue designado el coronel Jimmy Belalcázar, aunque mientras tanto asume de manera transitoria el coronel Olmer Urriago. El propio mandatario se pronunció en su cuenta de X con un mensaje dirigido a la Fuerza Pública: “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”. Con esa decisión, el Gobierno busca enviar una señal de mano dura en medio del convulsionado momento que vive Santa Marta, donde la ciudadanía sigue exigiendo respuestas frente a una ola de violencia que no da tregua y que quedó evidenciada en la fuga de los 41 reclusos.
Mientras las autoridades adelantan la búsqueda de los evadidos, la pregunta que ronda entre los samarios es cómo fue posible que un centro de traslado por protección, diseñado para estadías cortas, terminara convertido en el escenario de una evasión colectiva que recrudece aún más la percepción de inseguridad en un territorio ya de por sí golpeado. Con las recapturas de alias Mongolo y alias El Guajiro como prioridad máxima, y con la tensión política en aumento, Santa Marta enfrenta una de sus crisis de orden público más complejas de los últimos años, mientras el Gobierno nacional y la administración local se cruzan acusaciones sobre las responsabilidades en un episodio que deja 41 prófugos en las calles y una comunidad cada vez más desconfiada de sus instituciones.
