El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia entrará en vigor el miércoles 14 de octubre de 2026. El anuncio se realizó tras un consejo de seguridad celebrado en la Dirección General de la Policía Nacional, en Bogotá, donde se definieron los detalles operativos para la implementación de la normativa en todo el territorio nacional.
La expedición de esta reglamentación coincide con la primera gran movilización nacional convocada por sectores de la oposición contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El decreto, que según el ministro ya está listo, busca fijar límites claros entre la manifestación pacífica y las conductas delictivas durante las protestas, en un contexto donde las autoridades han advertido sobre el historial de bloqueos en algunas regiones del país.
Garantías y límites en la nueva reglamentación
La normativa establece la prohibición de bloqueos permanentes en carreteras, afectaciones al transporte masivo, retención de ciudadanos y utilización de menores de edad en las marchas. La fuerza pública, según lo anunciado, no intervendrá en las concentraciones pacíficas, pero procesará penalmente los actos de violencia que se presenten. La Fiscalía acompañará la recolección de material probatorio en los sitios de protesta, mientras que la fuerza pública deberá actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad.
Uno de los puntos centrales del anuncio es el monitoreo especial que se desplegará en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, considerados zonas de especial atención por el historial de bloqueos. Sobre este punto, el ministro Lara Restrepo fue enfático en que el suroccidente del país requiere una vigilancia particular.
«Ya está listo para mañana. Es un decreto garantista y democrático. Obviamente, el suroccidente es una zona de especial atención por el historial de bloqueos. El presidente ha sido claro: se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos. Ahí estamos perfectamente preparados».
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció al respecto en una alocución el pasado 12 de octubre, en la que resumió la filosofía de la nueva reglamentación: un equilibrio entre la garantía del derecho a la protesta y el rechazo a la violencia.
«Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
La oposición se moviliza
La entrada en vigencia del decreto coincide con la primera gran manifestación contra el Gobierno, convocada por el Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). La Confederación General del Trabajo (CGT), sin embargo, anunció que no se sumará a la jornada. En Bogotá se confirmó la participación del propio Petro y del senador Iván Cepeda.
Las autoridades locales y los gestores de convivencia coordinarán desvíos viales y esquemas de movilidad en los puntos de concentración, aunque no hay horarios confirmados de cierre. La orden a la fuerza pública es mantener un diálogo institucional con los organizadores y las autoridades locales como primera vía de atención, mientras se procesan las posibles conductas delictivas que se presenten en el marco de las manifestaciones. Con este dispositivo, el Gobierno busca que la jornada del miércoles transcurra dentro de los cauces de la legalidad, sin reprimir la protesta social pero sin tolerar los bloqueos que han caracterizado algunas movilizaciones anteriores.
