La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió el pasado 30 de julio la Resolución 1040 de 2026, mediante la cual se establece una nueva metodología tarifaria para el servicio público de aseo en Colombia, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027. La norma, que redefine los costos reconocidos a los prestadores en las fórmulas tarifarias para recolección, transporte de residuos, barrido de calles, corte de césped, disposición final en rellenos sanitarios y aprovechamiento de materiales reciclables, ya enfrenta una solicitud de revocatoria directa presentada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) el 22 de septiembre, alegando reparos técnicos y de procedimiento.
La resolución aplica a los municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos y busca, según la CRA, modernizar el servicio en línea con la economía circular y la estrategia «Basura Cero», además de fortalecer el rol de los recicladores de oficio. Sin embargo, el gremio que agrupa a las empresas operadoras considera que los parámetros fijados no corresponden con los costos reales de operación y que el proceso de adopción de la norma presentó falencias en materia de participación ciudadana.
Los reparos técnicos de Andesco
La solicitud de revocatoria directa presentada por Andesco ante el Gobierno nacional se sustenta en cuatro frentes de discusión: la falta de participación efectiva durante la consulta del proyecto, la inclusión de reglas nuevas que no fueron sometidas a discusión previa, las dudas sobre seguridad jurídica y los posibles efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas. Según el gremio, más de la mitad de las disposiciones de la resolución definitiva corresponderían a reglas nuevas que nunca fueron puestas en consideración de los actores del sector durante la etapa de comentarios.
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con los rendimientos operativos que la metodología reconoce a las empresas. En el caso del barrido mecánico, la CRA fijó un rendimiento de 57,42 kilómetros diarios para barredora sobre chasis y de 37,5 kilómetros diarios para máquina autocontenida, mientras que los prestadores reportan cifras cercanas a los 32 kilómetros diarios en condiciones reales de operación. Algo similar ocurre con el mantenimiento de las barredoras, cuya tasa pasó del 21,14% en la regulación anterior al 10% en la nueva metodología, y con el corte de césped, donde la norma establece un rendimiento de 3.324,5 metros cuadrados diarios frente a referencias de las empresas que oscilan entre 2.500 y 2.900 metros cuadrados diarios. Adicionalmente, la actualización de los costos de barrido quedó atada en un 34% al indexador ligado al salario mínimo, a pesar de que la mano de obra representa entre el 77% y el 81% de ese componente.
«Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia»
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
En su comunicación oficial, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, enfatizó que la participación ciudadana debe ser efectiva, que las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción, que las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas y que toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley. Estas declaraciones resumen la posición del gremio frente a una regulación que, según advierten, incide directamente en la sostenibilidad de las empresas y en la calidad del servicio para los usuarios.
El impacto en los hogares
La discusión no equivale a un alza confirmada para los hogares. El efecto final en cada factura dependerá de la ciudad, del prestador y de los componentes que integran la tarifa, por lo que no es posible anticipar un porcentaje uniforme de aumento. Lo que sí queda claro es que la resolución afecta de manera directa los costos reconocidos a los operadores y que el resultado del debate incidirá en su capacidad para sostener la operación diaria, así como en la continuidad y calidad de un servicio que beneficia a cerca de 36 millones de usuarios en todo el territorio nacional.
«La seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios»
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
En medio de esta controversia, representantes del gremio se reunieron con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Beltrán, para dialogar sobre los retos del sector y presentar soluciones que contribuyan al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La reunión se da en un momento clave, pues mientras la CRA defiende la norma como una modernización necesaria, las empresas insisten en que la metodología debe ajustarse a la realidad operativa del país para garantizar la viabilidad del servicio. Se espera que el Gobierno estudie la solicitud de revocatoria y defina si la resolución se mantiene, se modifica o se devuelve para un nuevo proceso de discusión.
