La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se prepara para retomar sus funciones después de casi dos meses de parálisis total, gracias al giro de recursos del Gobierno nacional que permitirá a los 17 integrantes del órgano legislativo contratar los equipos jurídicos necesarios para desatar el nudo de más de 2.400 investigaciones pendientes. El representante Daniel Briceño confirmó que el dinero ya fue transferido a través de las instancias administrativas de la Cámara y que la comisión, que permanecía inactiva desde el pasado 20 de julio cuando se posesionó el actual Congreso, podría reunirse «esta semana o máximo la siguiente» para darle impulso a los expedientes acumulados.
La falta de presupuesto había dejado en vilo un cúmulo de procesos que involucran a expresidentes, exmagistrados, exfiscales y otras figuras públicas, generando el riesgo inminente de que muchos casos prescribieran por el vencimiento de términos procesales. Ahora, la prioridad será la clasificación de esos más de 2.400 expedientes según su grado de urgencia, tal como lo explicó el propio Briceño al detallar que la comisión se encuentra en un proceso con la dirección administrativa para vincular al personal que deberá determinar cuáles procesos están a punto de prescribir o cuáles ya perdieron su validez jurídica.
Un archivo crítico que espera por impulso
Entre los expedientes que esperan ser reactivados se encuentran casos de gran repercusión nacional como la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde los congresistas Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo consideraron que existen méritos para continuar, mientras que Alirio Uribe solicitó una decisión inhibitoria a favor del entonces candidato. También figura el proceso derivado de las denuncias del excontralor Carlos Felipe Córdoba por presuntos seguimientos y perfilamientos atribuidos a la Dirección Nacional de Inteligencia durante el actual gobierno.
La reactivación de la comisión se da además en medio de un escenario de tensiones y cuestionamientos sobre el manejo de varios casos sensibles. La solicitud para examinar posibles irregularidades de la magistrada Cristina Lombana en el proceso contra la senadora Martha Peralta, relacionado con el escándalo de la Ungrd, fue remitida por cuatro magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tanto a la Comisión como a la Procuraduría. En ese mismo caso, la senadora Peralta generó polémica por sus dos inasistencias a indagatoria, lo que llevó a su conducción policial y motivó reparos de su defensa sobre el debido proceso.
«Dos meses de parálisis de la Comisión de Acusaciones, pero la noticia es que el Gobierno nacional, a través de las instancias administrativas de la Cámara de Representantes, ya hizo llegar recursos para finalizar el año. Eso quiere decir que la comisión ya puede contratar los equipos que requería para iniciar la investigación. Según tengo entendido, a partir de esta semana o máximo la siguiente, ya se comenzará a reunir para darle impulso a muchos de esos proyectos».
Daniel Briceño, representante a la Cámara
La falta de personal no solo había impedido la revisión de los expedientes históricos, sino que también afectó la asignación de ponentes y la distribución de las investigaciones más recientes. Ahora, antes de designar a los responsables de cada caso, la comisión deberá evaluar cuidadosamente si los congresistas tienen impedimentos para participar en expedientes relacionados con figuras políticas y funcionarios públicos de alto nivel, un paso necesario para garantizar la transparencia de unos procesos que llevan meses congelados y que ahora enfrentan una carrera contrarreloj para evitar que la justicia pierda su oportunidad de actuar.
