El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, propuso este lunes 12 de octubre de 2026 ante el Consejo de Seguridad de la ONU excluir la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz. El canciller Omar Bula planteó formalmente la solicitud durante la sesión celebrada en Nueva York, argumentando que este punto del pacto firmado en 2016 con las extintas Farc constituye una política estatal permanente que excede el alcance temporal de un mecanismo internacional. La medida generó una inmediata reacción del expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó la postura oficial al considerar que la implementación del acuerdo es una «obligación constitucional» que el país debe cumplir ante el mundo.
Santos, Premio Nobel de Paz en 2016, calificó la intervención del canciller como «agridulce», pues si bien reconoció el alcance internacional del pacto, sugirió que sus resultados no se reflejan en las cifras ni en la realidad del país. En declaraciones a Caracol Radio, el exmandatario advirtió que la situación de inseguridad que atraviesa Colombia no es producto del acuerdo de paz, sino de la falta de implementación del mismo, una postura que, según aseguró, ha sido señalada en repetidas ocasiones por el propio Consejo de Seguridad. «Cuando el canciller dice que no se reflejan las cifras ni en realidad de este gobierno, en cierta forma da a entender que el Acuerdo de Paz es, en alguna forma, responsable por la situación de seguridad que hoy sufre el país, ahí es donde creo que hay una discrepancia con el propio Consejo de Seguridad, que se lo han dicho varias veces a Colombia en esta ocasión y en ocasiones anteriores», afirmó Santos.
Un debate sobre el alcance de la verificación internacional
La reforma rural integral fue incorporada al mandato de la Misión de Verificación en 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de reforzar su seguimiento. Sin embargo, la administración de De La Espriella pidió ahora retirar ese punto, argumentando que se trata de una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo que debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano. Santos consideró que la exclusión de la reforma rural no sería «tan grave», porque la verificación rural no estaba en el diseño inicial de la misión, que se concentró en el desarme sin presencia de cascos azules, pero recordó que el Estado se comprometió a implementar integralmente lo pactado.
«La reforma rural integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano».
Omar Bula, canciller de Colombia
Durante su intervención, Santos destacó que Naciones Unidas ha respaldado el proceso de paz colombiano durante diez años y subrayó que Colombia es un país soberano que hace compromisos y que el mundo entero y los colombianos esperan que los cumpla. El expresidente también manifestó su preocupación por las narrativas que vinculan el pacto con el deterioro de la seguridad, y señaló que los últimos dos gobiernos no tuvieron una política efectiva de seguridad, lo que contribuyó a los problemas actuales. «Si este Gobierno tiene como una de sus banderas la seguridad, recuperar, así lo dijo ayer el canciller, el control del territorio, lo mejor que puede hacer es implementar el acuerdo de paz, porque no son excluyentes con una política de seguridad. Todo lo contrario, se complementan. Parte de la falta de implementación y de los problemas que tenemos es que los últimos dos gobiernos no tuvieron una política efectiva de seguridad», puntualizó.
«Colombia es un país soberano que hace compromisos y que el mundo entero y los colombianos esperamos que cumplan».
Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ratificó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, aunque las declaraciones de Santos reflejan la tensión existente en la clase política colombiana frente a la decisión de retirar el seguimiento internacional al primer punto del pacto. Mientras el Consejo de Seguridad ha insistido en que la inseguridad no es consecuencia del acuerdo sino de su falta de implementación, el Ejecutivo defiende la necesidad de focalizar el trabajo de la misión y evitar la duplicidad de esfuerzos con las instituciones permanentes del Estado. El debate queda ahora en manos del organismo internacional, que deberá definir si acepta la solicitud presentada por Colombia o si mantiene la reforma rural integral dentro del mandato de verificación.
