La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, presentó este martes 13 de octubre de 2026 una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que reforma la actuación de la fuerza pública durante protestas sociales. La congresista anunció la acción judicial a través de su cuenta de X y en declaraciones a medios, al considerar que la norma es regresiva e inconstitucional.
En su demanda, Pedraza sostiene que el decreto modifica un derecho fundamental como es la protesta sin haber sido tramitado como ley estatutaria en el Congreso. Según la senadora, el artículo 37 de la Constitución establece que solo el legislativo, mediante ese tipo de ley, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta. Adicionalmente, la norma elimina la primacía del diálogo y permite disolver protestas pacíficas bajo la figura de bloqueos, lo que a su juicio vulnera garantías constitucionales.
El Decreto 1525 de 2026 modifica el Decreto 003 de 2021, expedido tras las protestas de 2019 y 2021 por orden de la Corte Suprema de Justicia debido a los excesos de la fuerza pública, en particular del Esmad y la Undmo. La nueva regulación introduce un sistema de alertas tempranas de conflictividad social, la activación de Puestos de Mando Unificados y la exigencia de corredores para ambulancias, bomberos, misiones médicas y organismos de socorro. Además, faculta a la Policía para actuar de inmediato cuando haya armas, explosivos o agresiones, sin necesidad de agotar un diálogo previo.
Los argumentos de la senadora
La senadora fue enfática al explicar las razones de su demanda. Para ella, el decreto no solo tiene problemas de forma, sino de fondo, porque desconoce la reserva de ley estatutaria para limitar derechos fundamentales y porque estigmatiza la protesta pacífica al asociarla directamente con bloqueos y disturbios. En ese sentido, advirtió que «la protesta es pacífica, pero también disruptiva», una característica que, sostiene, no puede ser penalizada por decreto.
«Demandamos el decreto que reforma el uso de la fuerza pública en la protesta. Es regresivo e inconstitucional»
Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso
«Solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta (art. 37 de la Constitución)»
Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso
La demanda también pone de presente que el proceso de consulta previa del decreto se realizó en apenas siete días y que no se convocó a la Mesa Nacional de Garantías, un espacio clave para discutir este tipo de reformas. Estos elementos, sumados a la premura y a la falta de debate legislativo, refuerzan la tesis de la senadora sobre la ilegalidad de la norma. «Este decreto es ilegal, debería estar pasando por el Congreso de la República», afirmó Pedraza.
Vísperas de movilización
La acción judicial se presenta en vísperas de la primera jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, convocada por el expresidente Gustavo Petro para el miércoles 14 de octubre de 2026. En ese escenario, la senadora calificó el ambiente como de «autoritarismo y estigmatización del derecho constitucional a la protesta pacífica».
Frente a los bloqueos, el decreto establece que estos no eliminan por sí solos el carácter pacífico de una protesta, y que la disolución solo se aplicará en casos excepcionales con afectación grave y sostenida. El Ministerio del Interior administrará las alertas tempranas, mientras que alcaldes y gobernadores deberán emitir un informe público sobre el uso de la fuerza en caso de daños a la vida o integridad personal, dentro de los tres meses posteriores a los hechos. La decisión final sobre la demanda ahora queda en manos del Consejo de Estado.
