En una jugada que redefine la estrategia de seguridad nacional, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley de sometimiento para organizaciones armadas ilegales o terroristas, un documento de 22 artículos que descarta de plano cualquier diálogo de paz y apuesta por la rendición condicionada ante la justicia. La iniciativa, presentada un día antes de esta publicación, fue entregada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, la histórica ley de orden público que ha sido extendida al menos siete veces y que en su última renovación fue incorporada por la Ley de Paz Total del expresidente Gustavo Petro.
El corazón del proyecto elimina la distinción que antes hacía la legislación entre grupos armados organizados al margen de la ley y estructuras de crimen de alto impacto. Ahora, bajo una categoría única de “actores armados ilegales o terroristas”, se unifica a todas las organizaciones que operan en economías ilícitas, cometen actos terroristas, afectan gravemente el orden público o vulneran los derechos de la población civil. La definición abarca desde grupos con mando territorial, regulados por los Convenios de Ginebra, hasta redes delincuenciales cobijadas por la Convención de Palermo. El Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de asesorar al presidente en la categorización de cada estructura.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, fue contundente al explicar el espíritu de la norma: “Colombia tiene que entender que la mayoría de personas que están hoy en día generando zozobra y miedo y pánico y delincuencia, pues deben ser tratados casi todos como grupos terroristas. Y esa es la definición a la que también vamos a apuntar”. En la misma línea, añadió: “Durante mucho tiempo y en algunos proyectos, en algunas situaciones, el terrorismo sometía al Estado. Pero en la política criminal del presidente De La Espriella, el Estado va a someter a los delincuentes”.
Rebajas de pena y colonias agrícolas
El mecanismo de sometimiento, de carácter voluntario, puede ser individual o colectivo y se divide en dos fases: una etapa administrativa a cargo del Gobierno y una etapa judicial con jueces. Los postulados deberán desarmarse, entregar bienes, hacer aportes a la verdad y desmantelar sus economías ilícitas. A cambio, el proyecto ofrece rebajas significativas de pena. Quienes aporten verdad, reparación o colaboren en el desmantelamiento recibirán una reducción del 50% de la pena acumulada. Para aquellos con roles de liderazgo, el descuento será del 30%. Además, se establece un plazo inicial de 180 días para que los integrantes que no ejerzan mando accedan a un beneficio especial de suspensión de la ejecución de la pena. La libertad condicional solo llegará después de cumplir las cuatro quintas partes de la condena, siempre que haya un concepto favorable de las víctimas.
Las condenas podrán cumplirse en colonias agrícolas, como las contempladas en la Ley 65 de 1993, o en cárceles productivas de la Ley 2446 de 2025. Quienes se sometan no podrán conservar bienes de origen ilícito. Las organizaciones solo podrán iniciar el proceso mediante un interlocutor autorizado que sea abogado, y deberán reportar el número de integrantes, armamento, bienes, economías ilícitas y datos de desaparecidos o secuestrados.
Sin tregua para los que no se sometan
El proyecto deja claro que quienes no acepten el sometimiento serán perseguidos sin cuartel por la fuerza pública. Los procesos no suspenden órdenes de captura ni extradiciones, incluso en las zonas de concentración que se prevean. Estas zonas tendrán una delimitación geográfica precisa, pero allí continuarán operativos de la fuerza pública y las funciones de las autoridades civiles y judiciales. Delegados presidenciales podrán establecer contactos con estructuras interesadas en someterse para gestionar aportes a la verdad, colaboración con la justicia o reparación.
La evaluación judicial considerará los aportes a la verdad, la reparación de víctimas, la entrega patrimonial, el desmantelamiento de economías ilegales, la ubicación de desaparecidos y secuestrados, y la revelación de nexos políticos o líneas de corrupción. Asimismo, las organizaciones nacionales o internacionales encargadas de administrar, registrar o destruir las armas entregadas podrán recibir beneficios tributarios.
El ministro Cancino diferenció este nuevo mecanismo de los procesos de paz del pasado: la Ley 418 de 1997 se usó históricamente para facilitar diálogos, pero aquí no hay negociación política. El Gobierno de Abelardo de la Espriella apuesta por el sometimiento sin concesiones políticas, con la única meta de que el Estado imponga su autoridad sobre quienes han sembrado la violencia en el país. El proyecto ya está en manos del Congreso, donde comenzará su trámite legislativo en medio de un intenso debate sobre los límites entre la paz y la mano dura.
