La premio Nobel de Paz 2026 y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem “Navi” Pillay, criticó duramente la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella que, según la jurista sudafricana, representan un alejamiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Pillay, quien también se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) y presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, expresó su preocupación durante una entrevista radial de aproximadamente 20 minutos con Caracol Radio, realizada el mismo día en que Colombia inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén, convirtiéndose así en el décimo país en hacerlo.
Durante la entrevista, Pillay subrayó que las medidas adoptadas por el gobierno colombiano contradicen las normas y estándares que todos los Estados han acordado respetar para proteger los derechos humanos y el derecho de los pueblos a determinar su propia liberación. La jurista, que en su paso por Colombia como alta comisionada de la ONU recibió las llaves de la ciudad de Bogotá, un honor que según ella la alentó a seguir trabajando por la promoción de los derechos humanos, recordó su vínculo con el país y manifestó su esperanza de que las autoridades colombianas cambien de actitud. “Espero que respalden los tratados internacionales y los mecanismos que todos los Estados adoptaron para apoyar la lucha palestina por su liberación”, afirmó.
Para Pillay, las decisiones de la administración de Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto y restableció relaciones diplomáticas y económicas con Israel tras la ruptura del gobierno anterior, podrían atraer condenas internacionales, especialmente en América Latina, una región con una larga historia de luchas por la libertad. “Creo que atraerían condenas en otras partes del mundo debido a la experiencia de América Latina, con las largas luchas que sus pueblos libraron por su libertad frente a todo tipo de interferencias”, señaló la expremio Nobel, quien también se refirió a la política expansionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró su convicción de que en Gaza está ocurriendo un genocidio. “A partir de todos los hechos que reunimos, que allí estaba ocurriendo un genocidio y que continúa ocurriendo”, afirmó categóricamente.
El contexto de la crítica internacional
La entrevista de Pillay se produjo pocas horas después de que el canciller colombiano anunciara la apertura de la sede diplomática en Jerusalén, un paso que había sido pospuesto durante el gobierno anterior. La exocomisionada, que desde 2026 ostenta el Premio Nobel de Paz por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, no ocultó su desazón con el giro de la política exterior colombiana. “Su conclusión de que su país parece estar alejándose mucho de las normas y estándares que todos los Estados acordaron respetar, para proteger los derechos humanos y el derecho de los pueblos a determinar su propia liberación, es correcta”, le dijo a la periodista durante el diálogo radial.
«Dije que amo la ciudad y que algún día regresaré para quedarme allí»
Navanethem Pillay, sobre Bogotá
La también ex jueza de la CPI, que presidió la comisión de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, recordó el honor de haber recibido las llaves de la capital colombiana y expresó su deseo de volver a residir en ella. Mientras tanto, desde su perspectiva internacional, advirtió que el paso dado por Colombia no solo contradice las normas internacionales, sino que también puede generar un effet dominó en la región. La organización de estados americanos y otros organismos internacionales han manifestado su preoupación por el increment de la tensión en oriente medio, y la decición colombiana se suma a la de otros países que han optado por mudar sus embajadas a Jerusalén, en medio de la condena de la comunidad internacional y de la propia Corte Penal Internacional, que cuenta con 125 estados asociados.
