Una fuerte polémica ha estallado en el ámbito político y educativo colombiano luego de que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocara una jornada nacional de movilización para el miércoles 14 de octubre de 2026. La convocatoria, que busca defender la educación pública, laica, gratuita, financiada y administrada por el Estado, así como rechazar proyectos de ley que, según el sindicato, abrirían la puerta a la privatización, ha sido duramente criticada por varios políticos opositores. Entre ellos, el representante a la Cámara Daniel Briceño y la exsenadora María Fernanda Cabal, ambos del Centro Democrático, y Enrique Gómez, líder del Partido Salvación Nacional, quienes acusan a Fecode de hipocresía y de defender un monopolio educativo.
El presidente de Fecode, Domingo José Ayala, justificó la movilización señalando que la educación pública es un derecho constitucional que hoy está en riesgo inminente. Sin embargo, para sus detractores, la marcha tiene un trasfondo político y contradictorio. Daniel Briceño afirmó que Fecode sale literalmente a marchar por dos de sus proyectos de ley, que buscan implementar una evaluación docente más rigurosa y ampliar el modelo de colegios en concesión —instituciones que siguen siendo públicas, pero gestionadas por privados—. Además, el congresista recordó que, según un estudio que comparó trayectorias de más de 300.000 estudiantes entre 2010 y 2024, los colegios en concesión muestran resultados superiores a los oficiales en indicadores como probabilidad de llegar a grado 11 (11,8 puntos porcentuales más), acceso a educación superior (12,6 puntos más), e ingreso inmediato a la universidad tras el bachillerato (11 puntos más). En pruebas Saber 11, la diferencia es de 10,6 puntos a favor de los colegios en concesión, con brechas de 3,3 puntos en matemáticas y 1,8 en lectura crítica. Briceño enfatizó que esos logros se obtienen con un costo anual por alumno de 34,9 millones de pesos, frente a los 48,7 millones que cuesta un estudiante en el sistema oficial. “Con menos plata se obtienen mejores resultados”, sentenció.
Críticas cruzadas por la gestión de Fecode y el pasado reciente
Las críticas no solo apuntan al contenido de los proyectos de ley, sino también al rol que, según los opositores, Fecode ha tenido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. María Fernanda Cabal calificó la movilización como una “marcha petrificada” y aseguró que “pretenden paralizar a Colombia para cobrarle a este Gobierno los desastres que aplaudieron con Petro”. En la misma línea, Enrique Gómez cuestionó la legitimidad de la protesta al afirmar que Fecode no ha salido a marchar “para responder por la corrupción, tampoco para responder por la destrucción de la salud, ni hablar”. El líder de Salvación Nacional hizo alusión a la crisis del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que atraviesa graves problemas financieros y de administración, y que ha afectado la prestación de servicios de salud a los docentes. Para Gómez, la convocatoria es un intento de desviar la atención de esos problemas internos.
Daniel Briceño también ironizó con la postura del sindicato: “Ahora salen a protestarle a Abelardo para que solucione el problema de Petro. Hipocresía”. La referencia al actual ministro de Educación, Abelardo de la Espriella, refleja la tensión entre el gobierno central y el magisterio, en un contexto donde Fecode rechaza cualquier iniciativa que considere una amenaza a la educación pública estatal. Mientras tanto, la concentración principal está prevista en el Parque Nacional de Bogotá, con réplicas en todo el país, en una jornada que promete ser una nueva prueba de fuego para las relaciones entre el sindicato docente, el Congreso y el Ejecutivo.
«Por la defensa de la educación pública, laica, gratuita, financiada y administrada por el Estado. Es un derecho constitucional que hoy está en riesgo inminente»
Domingo José Ayala, presidente de Fecode
Los políticos opositores, por su parte, sostienen que el verdadero riesgo es que Fecode mantenga un monopolio que impide mejorar la calidad educativa mediante modelos de gestión más eficientes y evaluaciones constantes a los docentes, como los que se aplican en los colegios en concesión y que, según el estudio citado por Briceño, arrojan mejores resultados a menor costo. El debate quedará planteado en las calles el 14 de octubre, mientras el país observa si la movilización logra frenar los proyectos de ley o si, por el contrario, profundizará la fractura entre el sindicato y sus críticos.
