El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó el pasado 14 de octubre una demanda ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular las cartas de naturalización otorgadas durante el Gobierno de Gustavo Petro a cuatro extranjeros: los catalanes Xavier Vendrell, Manel Grau y Eva Ferrer, y el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. La acción judicial se sustenta en dos causales específicas contempladas en la Ley 2332: la expedición de la nacionalidad por adopción mediante documentos falsos o la comisión de un delito en otro país que permita la extradición, antes de que los beneficiarios se radicaran en Colombia. Uscátegui ha señalado que todos los implicados tienen antecedentes judiciales y que el trámite exprés de nacionalización presenta irregularidades que deben ser investigadas a fondo.
La demanda ocurre en medio de la controversia que rodea la concesión acelerada de nacionalidades durante la administración de Gustavo Petro, y busca que se revisen los expedientes de cada caso, los requisitos exonerados y el régimen jurídico aplicado. Además, el representante solicitó que se traslade la documentación a la Fiscalía para que se investigue lo que denominó el “oscuro círculo presidencial” en Colombia. En el caso específico de Xavier Vendrell, la demanda exige que se examinen los documentos judiciales originales de los procesos españoles, donde el activista catalán reconoció ante un magistrado en 1992 su participación en dos atentados ocurridos en 1989 y 1990, causas que fueron sobreseídas en 1996. Vendrell también está vinculado en Colombia a la presunta recepción de dineros de alias Papá Pitufo para la campaña presidencial de Petro, una infiltración que se estima en 500 millones de pesos.
Los antecedentes de los naturalizados
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, cumple actualmente una condena de 13 años de prisión por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sentencia anunciada en junio de 2025. Además, enfrenta otra condena por el caso Odebrecht y fue extraído de la embajada de México en Quito en abril de 2024. La demanda pide que el Consejo de Estado verifique el estado procesal de sus condenas en Ecuador. Por su parte, Manel Grau enfrenta una denuncia por presunta estafa y está señalado en actuaciones relacionadas con Ecopetrol, mientras que Eva Ferrer fue llamada a declarar bajo juramento en el marco de informaciones difundidas por medios de comunicación. La autenticidad de una grabación vinculada a Ecopetrol relacionada con Grau deberá ser establecida por el Consejo de Estado en el trámite de la demanda.
«Todos han tenido problemas con la justicia. Eso es un concierto para delinquir y queremos revisar si hubo irregularidades en ese trámite de nacionalidad por adopción y que adicionalmente, con los recientes escándalos, las denuncias de Ferrer, se traslade toda esa documentación a la Fiscalía para ver (…) todo lo que rodea ese oscuro círculo presidencial en Colombia».
José Jaime Uscátegui, Representante a la Cámara, Centro Democrático
La Ley 2332 de 2023, que derogó la Ley 43 de 1993 que regulaba aspectos del proceso de naturalización, es el marco jurídico que sustenta la demanda. Uscátegui afirmó que el caso representa un claro ejemplo de un concierto para delinquir, aludiendo a la concesión de nacionalidades a personas con antecedentes judiciales en sus países de origen. La acción judicial busca no solo la nulidad de las cartas de naturalización, sino también que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes en torno a lo que el congresista califica como un entramado de irregularidades en el entorno del presidente Petro.
