La congresista Jennifer Pedraza denunció este fin de semana que el gobierno de Abelardo de la Espriella desplegó militares con fusiles en los puntos de movilización de las protestas convocadas por sindicatos, centrales obreras y sectores de la oposición en Bogotá, antes incluso de que iniciaran las jornadas de manifestación. La parlamentaria, conocida por su defensa de los derechos humanos, calificó la acción como «inaceptable y desproporcionada» y pidió la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, a quienes etiquetó en redes sociales para que tomen cartas en el asunto.
En un mensaje difundido en su cuenta de X y en declaraciones posteriores al diario El Tiempo, Pedraza acompañó su denuncia con material audiovisual que muestra a uniformados armados en las inmediaciones de los puntos de concentración. “¿Cómo puede ser posible que no han iniciado las jornadas de protesta y el presidente Abelardo de la Espriella ya mandó militares con fusiles a las zonas de convocatoria de la jornada de movilización a la que han llamado los sindicatos y las centrales obreras y algunos sectores de la oposición?”, cuestionó la congresista, visiblemente indignada.
Un decreto regresivo e inconstitucional
La denuncia de Pedraza no se limita al despliegue militar, sino que lo vincula directamente con un decreto que regula el uso de la fuerza pública en protestas, el cual la congresista ya había demandado por considerarlo regresivo e inconstitucional. “Es por esta narrativa y por este tipo de decisiones que hemos demandado el decreto que regula el uso de la fuerza pública sobre la protesta. Porque además de ser un decreto regresivo, es un decreto inconstitucional, que al reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la protesta, sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la República”, explicó Pedraza.
El decreto en cuestión fue modificado durante el gobierno de Iván Duque y construido a partir de mesas de concertación con organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de una tutela ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, Pedraza sostiene que la actual administración lo ha endurecido, ignorando el carácter fundamental del derecho a la protesta. “Es decir, este no es solamente un decreto ilegal, sino que es un decreto regresivo que deja claro que al Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella le estorba una herramienta básica de la democracia, como lo es la protesta pacífica”, afirmó.
“¿Cómo puede ser posible que no han iniciado las jornadas de protestas y el presidente Abelardo de la Espriella ya mandó militares con fusiles a las zonas de convocatoria?”
Jennifer Pedraza, congresista
La congesista también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, quien ha advertido que cualquier bloqueo de vías, como los carriles de Transmilenio, será respondido con la policía. Para Pedraza, esa postura desconoce la naturaleza disruptiva de la protesta. “Claro que debe ser pacífica, sin duda alguna, pero la protesta también es en sí mismo un derecho disruptivo. Es decir, que el ministro del Interior no puede salir a decir, como lo ha hecho en cuanto medio de comunicación ha podido, que si alguien pone un pie sobre un carril de Transmilenio le va a mandar a la policía”, subrayó.
La parlamentaria recalcó que el derecho a la protesta es fundamental porque permite defender otros derechos, como un salario digno y los derechos sexuales y reprodutivos. “Retroceder un centímetro en todas las garantías de la protesta sería retroceder kilómetros en nuestros derechos sociales, económicos y culturales”, advirtió.
Debate entre seguridad y libertades
Las imágenes de uniformados armados cerca de los manifestantes abrieron un intenso debate en el país. Mientras algunos sectores apoyan el despliegue como una medida preventiva para evitar alteraciones del orden, otros lo ven como una militarización que compromete las libertades democráticas. Pedraza citó pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entidades internacionales que instan a Colombia a garantizar la protesta, y advirtió que las políticas del actual Gobierno impulsarán nuevas movilizaciones para defender los derechos constitucionales.
